Un grupo de 34 organizaciones nicaragüenses e internacionales demandaron ante la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) la renovación del mandato del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua, denominado 49/3, para investigar los abusos y violaciones de derechos humanos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El llamado fue divulgado en el marco de evaluación del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación de Nicaragua, celebrado este jueves de forma telemática.
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Las organizaciones, entre ellas la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), destacaron que el país atraviesa un proceso de «represión de las voces disidentes y la restricción indebida de los derechos políticos y las libertades civiles».
Al menos 90 ataques documentados contra pueblos indígenas, la cancelación de la personalidad jurídica de más de 2,500 ONG, el encierro de más de 235 personas presas privadas en condiciones inhumanas, y la negativa del régimen de Ortega para cooperar con los organismos de derechos humanos, fueron expuestas por las organizaciones como razones para extender la resolución.
El Ministerio Público acusó a los comunicadores Manuel Antonio Obando Cortedano, jefe de medios de la Diócesis de Matagalpa, y Wilberto Artola Mejía, periodista del canal digital TV Merced, de esa misma diócesis que dirige el obispo Rolando Álvarez.
El régimen no precisó el delito que se les imputa solo estableció que el Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense son las supuestas víctimas.
La acusación fue presentada en la víspera por el fiscal del caso Luis Carlos Mongalo Roblero ante la titular del juzgado Noveno Distrito de lo Penal de Audiencia Circunscripción Managua, la sancionada Karen Vanessa Chavarría Morales.
El padre Edwing Román, una de las voces religiosas críticas del régimen de Nicaragua que se encuentra en el exilio, admiró la mesura con la que monseñor Rolando Álvarezenfrentó la audiencia preliminar impuesta por la dictadura que lo acusa de conspiración y propagación de noticias falsas.
A través de su cuenta en Twitter expresó que «su mirada y su frente en alto refleja la dignidad de los nicaragüenses». Sin embargo, el cura tildó de «títere a sueldo» a la sancionada jueza Karen Vanessa Chavarría, quien estará a cargo del proceso penal y político. El padre advirtió que pronto veremos a la jueza «pidiendo asilo».
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El gobierno de Estados Unidos donó a Nicaragua 375 mil dosis devacunas Pfizer pediátricas contra el COVID-19 para que sean aplicadas a niños de cinco a 11 años. La donación fue recibida el miércoles, 14 de diciembre, por las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa).
En una nota de prensa, la Embajada de Estados Unidos, en Managua, señaló que es la segunda donación de vacunas Pfizer pediátricas que la administración de Joe Biden hace al régimen de Daniel Ortega.
Asimismo, resaltó que con la reciente donación de inoculantes «se supera el millón de dosis donadas» por el país norteamericano «para ayudar a proteger del virus a niños y niñas entre 5 y 11 años».
Estados Unidos evalúa limitar la entrada de ciudadanos nicaragüenses, cubanos y haitianos que piden asilo en la frontera entre Estados Unidos y México.
De acuerdo al diario Miami Herald, las autoridades estarían evaluando aplicar a estas migrantes vías similares a las aplicadas a los venezolanos.
El medio de comunicación estadounidense El Nuevo Herald afirma que las discusiones se centran en posibles nuevos programas de parole, que sería un tipo de admisión temporal a Estados Unidos.
