Un grupo de 34 ONG nicaragüenses e internacionales demandaron este jueves ante la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) la renovación del mandato del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua (49/3) para investigar presuntos abusos y violaciones de derechos humanos en el país centroamericano.
“Lanzamos hoy nuestro llamado global a una resolución sobre Nicaragua que renueve por un periodo de dos años el mandato del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua, y el mandato de monitoreo de la Acnudh”, anunció el grupo, integrado por organizaciones como Race & Equiality o el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
Según las organizaciones demandantes, desde el estallido contra el presidente Daniel Ortega, en abril de 2018, Nicaragua vive una crisis de derechos humanos que ha llevado al exilio a más de 150.000 nicaragüenses.
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Esa cantidad es “la tercera población más grande que solicitó asilo durante el primer semestre de 2022, después de los venezolanos y ucranianos”, alertó el grupo.
Las organizaciones, entre ellas Internacional Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) o el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), destacaron que en Nicaragua atraviesa un proceso de “represión de las voces disidentes y la restricción indebida de los derechos políticos y las libertades civiles”.
Al menos 90 ataques documentados contra pueblos indígenas, la cancelación de la personalidad jurídica de más de 2.500 ONG, el encierro de más de 235 personas consideradas “presos políticos” en supuestas “condiciones inhumanas”, y la negativa del Gobierno de Ortega para “cooperar con los organismos de derechos humanos”, fueron expuestas por las organizaciones como razones para extender la resolución 49/3.
“Hacemos un llamado a todos los gobiernos para que apoyen dicha resolución en la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos”, abogaron las ONG, 12 de las cuales pertenecen al Colectivo 46/2, código de la resolución de la ONU sobre la importancia de adoptar medidas para la promoción de la libertad de expresión, asociación y derechos humanos, la justicia y el combate a la impunidad en Nicaragua.
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También que “refuercen su enfoque interseccional, prestando especial atención a la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes, las personas migrantes y desplazadas a la fuerza, las personas detenidas por razones políticas, y a los familiares de las víctimas”, agregaron.
El llamado fue divulgado en el marco de evaluación del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación de Nicaragua, celebrado este jueves de forma telemática.
Entre las 34 organizaciones demandantes hay varias dedicadas a la promoción de los derechos de las mujeres, de la libertad de prensa, de los “presos políticos”, de los indígenas, así como otras que promueven el acceso a la justicia, la democracia, a la libertad de asociación.
