La Alcaldía de Managua hizo un «pago parcial» de su deuda con el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) con cuatro terrenos que le fueron confiscados a Victoria Cárdenas, esposa de Juan Sebastián Chamorro, exaspirante presidencial y preso político de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según un documento oficial de la municipalidad al que tuvo acceso el sitio digital Fuentes Confiables.
El Concejo Municipal de la Alcaldía de Managua, a través de la Resolución No. 81-2021, facultó a la reelecta alcaldesa de la capital, Reyna Rueda, para suscribir «escritura pública de donación» en abono al adeudo de la comuna con en INSS. Los lotes entregados como pago a la institución están ubicados en la urbanización Intermezzo del Bosque, una zona exclusiva de la capital nicaragüense.
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«Que la Alcaldía de Managua es dueña en dominio y posesión de cuatro lotes de terreno identificados como Lote N° 44, 49, 94 y 45, ubicados en la Urbanización Intermezzo del Bosque II Etapa, conforme Testimonio Escritura Pública Número uno (1) de venta forzada de bien inmueble», se lee en la resolución del Concejo Municipal de Managua.
En octubre de 2020, Victoria María Lacayo Cabrera, suegra del opositor Juan Sebastián Chamorro, recibió la notificación de embargo de su casa, cinco lotes de la Inmobiliaria Intermezzo del Bosque y un pozo de agua que abastece al residencial supuestamente por no cumplir con sus obligaciones con la Alcaldía de Managua.
Según la municipalidad, le debían en impuestos sobre bienes inmuebles nueve millones 478 mil córdobas. La comuna alega que entre 2017 y 2019 la familiar de aspirante presidencial ni siquiera presentó su declaración de ingresos sobre las propiedades que le pertenecen y solo se benefició con las ganancias.
La acción judicial contra la esposa y suegra de Juan Sebastián Chamorro inició el 21 de agosto de 2020, cuando la jueza Isabel Castro Martínez giró orden de captura y allanamiento bajo el argumento de incumplimiento de compromisos fiscales con la Alcaldía de Managua.
El juez sandinista Ramón Real Pérez desestimó «la oposición a la ejecución», interpuesta por el abogado defensor de la Inmobiliaria Intermezzo y procedió a ejecutar el acto calificado de «acoso y terrorismo fiscal» por el entonces aspirante presidencial. Según los afectados, el valor de los bienes embargados asciende los 33 millones de córdobas, superior a lo demandado por la Alcaldía.
