El régimen de Daniel Ortega va con todo contra la familia del aspirante a la Presidencia de Nicaragua Juan Sebastián Chamorro, integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACDJ), y ya nombró al perito valuador Guillermo José García Sarria para proceder a la tasación de los bienes inmuebles de la esposa del opositor, Victoria Cárdenas y suegra, Victoria Lacayo, por el pago del reparo fiscal de 9.5 millones de córdobas a la Alcaldía de Managua.
«Juez nombró de manera ilegal a perito, quien subvalorá los bienes de mi familia para que la Alcaldía de Managua se los robe ¡Se van!», manifestó Chamorro en su cuenta de Twitter este jueves, 25 de marzo, luego de recibir la notificación.
Chamorro ha referido que se trata de «terrorismo fiscal» de un sistema corrupto controlado por Daniel Ortega, que ha rechazado las pruebas presentadas por la familia de su esposa en el recurso de apelación interpuesto por el abogado Gustavo Antonio Argüello.
La acción judicial contra la esposa y suegra de Juan Sebastián Chamorro inició el 21 de agosto del 2020, cuando la jueza Isabel Castro Martínez giró orden de captura y allanamiento bajo el argumento de incumplimiento de compromisos fiscales con la Alcaldía de Managua.
En octubre de 2020, Victoria María Lacayo Cabrera, suegra del opositor Juan Sebastián Chamorro, recibió la notificación de embargo de su casa, cinco lotes de la Inmobiliaria Intermezzo del Bosque y un pozo de agua que abastece al residencial supuestamente por no cumplir con sus obligaciones con la Alcaldía de Managua y deberle en impuestos sobre bienes inmuebles nueve millones 478 mil córdobas. La comuna alega que entre 2017 y 2019 la familiar de aspirante presidencial ni siquiera presentó su declaración de ingresos sobre las propiedades que le pertenecen y solo se benefició con las ganancias.
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El juez sandinista Ramón Real Pérez desestimó «la oposición a la ejecución», interpuesta por el abogado defensor de la Inmobiliaria Intermezzo y procedió a ejecutar el acto calificado de «acoso y terrorismo fiscal que busca despojarlos de los bienes de la familia». Según los denunciantes, el valor de los bienes embargados ascienden los 33 millones de córdobas, superior a lo demandado por la Alcaldía.
