El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh) reveló una serie de informes que ha presentado ante organismos internacionales de derechos humanos sobre la grave crisis de derechos humanos que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018. El organismo ha denunciado en diversos foros internacionales una serie de casos, entre los que destacan los ataques a la libertad de expresión y de prensa.
En uno de los informes, con fecha del nueve de octubre de este año, Calidh denuncia que desde el retorno de Daniel Ortega a la Presidencia de Nicaragua, el régimen sandinista implementa un «plan de censura de medios» independientes que les niega el derecho de acceso a la información pública. Dichos ataques a la prensa libre incluyen el cierre de frecuencias de radios y confiscación de medios, entre otros.
«Hasta la fecha ha cerrado 53 medios de comunicación de todo tipo a nivel nacional y 16 espacios informativos que se transmitían a través de estos medios de comunicación», destaca el informe.
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Calidh también expresó su preocupación por la creación del monopolio de medios que ha construido la familia presidencial al mantener el control de una serie de estaciones de radio y televisión en todo el país. El organismo señala que esto ha sido posible gracias a la «estrecha colaboración» con el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR).
«Los familiares del presidente Ortega tienen el control de (los) canales 2, 4, 8, 4, 13, 22 y el estatal 6. Además, controlan la oficial Radio Nicaragua y el medio 19 Digital. Con las protestas del 2018, tanto la libertad de expresión y de prensa han sido limitados y reducidos con el desmontaje del estado de derecho», subraya el informe de Calidh.
También se aborda la muerte del periodista Ángel Gahona, asesinado durante los primeros días de las protestas sociales de 2018 en la ciudad de Bluefields y que el caso sigue en la impunidad. El documento detalla la confiscación del Diario La Prensa, Confidencial y 100% Noticias, edificios privados que fueron entregados a instituciones del Estado como el Ministerio de Salud (Minsa) y el Instituto Nacional Tecnológico (Inatec).
Además, denuncia el encarcelamiento de los periodistas Lucía Pineda Ubau, Miguel Mora, Jaime Arellano, Miguel Mendoza y Juan Lorenzo Holmann, este último gerente general de La Prensa. «Han sufrido diversas formas de violaciones de derechos humanos en su encierro, además de ser condenados mediante procesos judiciales llenos de violaciones a las garantías del debido proceso acogidas en el Pacto», se lee en el informe.
