Organizaciones de derechos humanos demandaron al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que «renueve y refuerce» por dos años la resolución sobre la situación de Nicaragua y el mandato de expertos en materia de derechos humanos para que continúen fiscalizando la represión de Ortega.
Reiteran que es necesaria la presión internacional ante «la negativa excepcional del gobierno a cooperar con los organismos de derechos humanos de la ONU, que es condenable. Los dos comités de órganos de tratado de la ONU contra la tortura denunciaron de forma inédita la negativa del gobierno a cooperar, mientras las autoridades también rechazaron revisiones por cuatro otros comités de derechos humanos de la ONU en el último año. Expertos de la ONU de cinco mandatos de “Procedimientos Especiales” también emitieron reiteradas solicitudes de visitas al país, sin recibir respuesta», refieren las organizaciones.
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Añaden que «expertos de la ONU de cinco mandatos de “Procedimientos Especiales” también emitieron reiteradas solicitudes de visitas al país, sin recibir respuesta. El análisis de la sociedad civil con base en información de la ONU y del sistema Inter-Americano también denota la falta de implementación absoluta por el gobierno de las 14 recomendaciones de la resolución 49/3 de este Consejo de Derechos Humanos».
«Por estas razones, lanzamos hoy nuestro llamado global a una resolución sobre Nicaragua que renueve por un período de dos años el mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, y el mandato de monitoreo de la OACNUDH (Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos)», expresan las más de 30 organizaciones firmantes.
Esta mañana la oficina del Alto Comisionado de la ONU, Volker Turk, presentó una actualización sobre la situación de la «crisis política, social y de derechos» que atraviesa Nicaragua. A través de esta actualización, el organismo internacional denunció el agravamiento de la represión, en especial, contra los presos políticos de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
También destacaron la falta de cooperación que existe de parte del régimen nicaragüense en materia de derechos, mencionando que les ha negado el ingreso a expertos y mecanismos para constatar la situación de los presos políticos ante las denuncias de «torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes».
«Hacemos un llamado a todos los gobiernos para que apoyen dicha resolución en la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos, y refuercen su enfoque interseccional, prestando especial atención a la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes, las personas migrantes y desplazadas a la fuerza, las personas detenidas por razones políticas, y a los familiares de las víctimas», finaliza el comunicado de las organizaciones.