Este martes, 13 de diciembre de 2022, la dictadura dio inicio al proceso judicial contra monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí.
Después de mantenerlo bajo secuestro desde agosto, el régimen dio a conocer que, en los Juzgados de Distrito Penal de Audiencia de Managua, se admitió acusación presentada por el Ministerio Público en contra de monseñor por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense.
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La autoridad judicial confirmó, además, que el jerarca católico no contará con un defensor de su confianza, sino que le nombró uno, al tiempo que le decretó arresto domiciliario y programó audiencia inicial para el 10 de enero de 2023.
En la misma causa se encuentra acusado el padre Uriel Antonio Vallejos, párroco de la iglesia Divina Misericordia en Sébaco y director general del clausurado Canal y Radio Católica de esa ciudad, que se exilió tras sufrir asedio policial en agosto. La dictadura lo acusa de ser un prófugo de la justicia y giró oficio a INTERPOL para su captura.
El régimen habría removido, hace aproximadamente un mes, a monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, de la casa de sus familiares, ubicada en Managua, para trasladarlo a otra vivienda de la misma capital, pero resguardada por personas afines al gobierno, filtraron fuentes judiciales y religiosas al medio Divergentes.
La presidenta de la Unión Democrática Renovadora (Unamos) y actual presa política, Suyen Barahona, cumplió 18 meses de estar cautiva en una de las celdas la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como «El Nuevo Chipote» en Managua.
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Tras más de 500 días en cautiverio, la también integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco ha podido ser visitada en solo 12 ocasiones. La dictadura ha hecho caso omiso al llamado de la familia para que Barahona pueda comunicarse por vía telefónica con su pequeño hijo a quien no ve desde el 13 de junio del año pasado
Familiares del sociólogo y economista nicaragüense Óscar René Vargas están preocupados por el deterioro en el estado de salud del preso político. Sus parientes señalan que «requiere buena atención médica para mantenerse con vida».
Vargas, de 77 años, tiene afectaciones en el corazón y le fue colocado un marcapasos hace apenas siete meses. El crítico de la dictadura fue capturado «con lujo de violencia y agresividad» el pasado 22 de noviembre.
Según el medio digital Nicaragua Investiga, sus familiares han solicitado de manera urgente «continuar con las peticiones a la Cruz Roja y Amnistía Internacional y a todas las organizaciones de defensa de derechos humanos por la defensa de su salud».
La justicia de Nicaragua redujo de 30 a 25 años de prisión la condena que le había sido impuesta al femicida René Maltez Rivas, quien asesinó a cuchilladas a la joven estudiante de medicina Cheyling Rachelly Munguía, de 21 años, en junio del año pasado.
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La modificación de sentencia la dieron los magistrados de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de Masaya. La abogada del femicida alegó que la jueza no tomó en cuenta los atenuantes a favor de su defendido como el haber admitido los hechos y no poseer antecedentes penales.
El Ministerio Público solicitó cadena perpetua para Alfredo Antonio Lara Ortiz, de 19 años, y para Alison Yahoska Salgado Rugama, de 18 años, pidió 60 años de cárcel por asesinato agravado y 40 más por el delito de tentativa de violación contra dos hermanas de siete y 10 años en Ciudad Belén.
La jueza los declaró culpables el martes, 13 de diciembre, en la culminación del proceso penal.
El tercer procesado por estos mismos delitos es un adolescente de 15 años, hermano de Alison, que será juzgado en un tribunal de adolescente. De ser encontrado culpable pagaría una pena máxima de seis años, según lo estable el Código de la Niñez y la Adolescencia para los menores de edad que infringen la ley.
