El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, repudió este martes la acusación “infame” impuesta por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y administrador de la diócesis de Estelí.
El Poder Judicial, controlado por el oficialismo, oficializó este martes la acusación en contra del obispo nicaragüense por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la Integridad Nacional y propagación de noticias falsas. En la misma causa la dictadura acusó al padre Uriel Vallejos, párroco de la Iglesia Divina Misericordia, ubicada en Sébaco.
Según la comunicación oficial, al obispo Álvarez le decretaron arresto domiciliar y contra el padre Vallejos ordenan su captura y circular por la interpol.
El .@ColectivoNunca repudia la acusación infame en contra de monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y administrador de la diócesis de Estelí, a casi cuatro meses de su detención arbitraria e inconstitucional .@CIDH .@OACNUDH .@Europarl_ES .@OEA_oficial pic.twitter.com/Dq76VOuT3D
— Colectivo de Derechos Humanos "Nicaragua Nunca +" (@ColectivoNunca) December 14, 2022
El Colectivo recordó que los obispos y sacerdotes nicaragüenses han sido blancos de ataques desde 2018 “cuando fueron golpeados y obligados al exilio, como es el caso de monseñor Silvio Báez, el padre Edwing Román y otros sacerdotes, mientras que otros religiosos han sido condenados o guardan cárcel esperando juicios con acusaciones falsas”.
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El organismo a su vez exigió el cese de las graves violaciones de derechos humanos y libertad religiosa “que persiguen callar, dar cárcel, exilio o cementerio contra un pueblo que merece libertad, verdad y justicia”.
Además, el Colectivo demandó el cese de la represión, la derogación de todas las leyes represivas, la libertad de monseñor Álvarez y de las más de 235 personas presas políticas en Nicaragua.
Monseñor Álvarez, quien además es administrador apostólico de la diócesis de Estelí, fue sacado por la fuerza la madrugada del viernes 19 de agosto por agentes policiales del palacio episcopal provincial junto con cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo, después de haber estado 15 días confinados.
La Policía al servicio de la dictadura acusó en ese momento al alto jerarca de intentar “organizar grupos violentos”, supuestamente “con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”
