En medio de una campaña de ataques virulentos contra la gloria del béisbol nicaragüense, Dennis Martínez, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó a su aplanadora de diputados declarar héroe nacional al pelotero puertorriqueño Roberto Clemente.
La iniciativa fue enviada con «trámite de urgencia» por el dictador a la Asamblea Nacional. Murillo anunció la declaración de héroe nacional a Roberto Clemente solo una semana después que mandó a eliminar el nombre de Dennis Martínez de la fachada del Estadio Nacional de Béisbol de Nicaragua.
Noticia relacionada: Latinobarómetro dejará de analizar a Nicaragua para evitar que sus encuestadores sean detenidos
Renata Holmann, hija del preso político y gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holmann, denunció las «condiciones inhumanas» que padece su padre en las celdas de la dictadura de Nicaragua.
En un mensaje divulgado por la campaña «Nicas Libres Ya», la joven dijo que no ha podido tener ningún tipo de comunicación con su padre.
Donald Alvarenga, Harry Chávez, Francisco López González, Isaac Martínez, Alexis Peralta, Armando Robles, Muammar Vado, Evelyn Pinto y Nidia Barbosa, conforman del grupo de opositores detenidos en la víspera de la «pantomima» de elecciones, denominada así por Estados Unidos y desconocida por más de 40 países de la comunidad internacional. La lista de presos políticos la completan una mujer más y cuatro hombres, cuyas identidades están bajo anonimato por razones de seguridad.
Pinto, Chávez y Barbosa son tres adultos mayores presos políticos que están enfermos y sus familiares han denunciado que no han recibido la atención médica necesaria para atender sus padecimientos y que las condiciones carcelarias han empeorado y desarrollado nuevas enfermedades.
Los ataques del régimen de Nicaragua hacia las organizaciones a lo largo de 2022 han sido «impactantes» con un total de 3,171 agresiones al cierre de noviembre, confirman varios documentos presentados este martes por organizaciones de derechos humanos y civiles.
La Red Local, Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG, Popol Na, Fundación del Río, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, entre otras, presentaron un conjunto de informes sobre las «violaciones a la libertad de asociación» cometidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a partir de 2018, año del estallido social.
Del total de asociaciones que fueron eliminadas en el país, 3 mil 106 eran organizaciones sin fines de lucro que quedaron sin personería jurídica de manera arbitraria. La cantidad representa el 42 por ciento de las oenegés que existían en el país.
Carlos Guadamuz, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, informó que documentaron el caso de nueve organizaciones cerradas: ocho nacionales y una internacional, que tenían entre 33 a siete años de existencia.
Noticia relacionada: Familia de hermanos nicas secuestrados en México recoge una parte del dinero que exige el cártel criminal
De las nueve, siete sufrieron allanamientos ilegales; además, se documentaron amenazas contra miembros y directivos, por lo que, al menos dos personas fueron beneficiadas con medidas cautelares de organismos de derechos humanos internacionales.
La firma encuestadora internacional Latinobarómetro anunció la decisión de no medir a Nicaragua en el último estudio de opinión pública, debido al temor que siente la organización chilena de que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo secuestre a sus encuestadores.
«Queremos hacer una declaración pública anunciando que en esta ultima ola de Latinobarómetro que aplicaremos ahora, no podremos medir Nicaragua porque las condiciones no están dadas. No podemos arriesgar a que nuestros encuestadores sean detenidos», señaló la firma encuestadora a través de Twitter.
Esta sería la primera vez en 28 años que Nicaragua queda fuera de este estudio regional que analiza anualmente el tema de la democracia en 18 países de América Latina, «debido al riesgo que implica para los encuestadores», insistió Latinobarómetro.
La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, fue condenada este martes a seis años de prisión en un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales durante los Gobiernos kirchneristas, de 2003 al 2015.
Al dictar sentencia en un juicio que se había iniciado en mayo de 2019, el Tribunal Oral Federal 2 también condenó a la expresidenta a la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Los jueces hallaron culpable a Cristina Fernández del delito de administración fraudulenta de fondos públicos, pero la absolvieron en los cargos por presunta asociación ilícita.
