Confiscaciones de nueve ONG dejaron casi cuatro millones de dólares al régimen de Nicaragua

Organizaciones de derechos humanos y fundaciones nicaragüenses presentaron la mañana de este martes un conjunto de tres informes complementarios que recogen las «violaciones a la libertad de asociación» cometidas por el régimen Ortega-Murillo de 2018 a la fecha. El documento presenta nueve expedientes completos que serán presentados a nivel internacional.

«Se logra documentar que el cierre de estas nueve organizaciones ha generado a las arcas del Estado casi cuatro millones de dólares en confiscaciones. Asimismo, aproximadamente 50 mil personas anualmente se quedaron sin acceder a los servicios de primera necesidad brindados por estas organizaciones, las que tenían una cobertura de más de 50 municipios (30 %) de toda Nicaragua, con especial atención en la región Norte y Caribe. También, quedaron en desempleo, al menos 152 personas que integraban estas nueve organizaciones», refiere el escrito divulgado este seis de diciembre.

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Además, denuncian la ruta de criminalización utilizada por Ortega que dio inicio con ataques y agresiones constantes a los integrantes de las asociaciones sin fines de lucro, campañas de difamación, amenazas, vigilancias, detenciones, entre otras acciones represivas que ponían en riesgo
la vida, la integridad y la libertad de personas activistas y defensoras.

Amaru Ruiz, de Fundación del Río, explicó que los esfuerzos de documentar y abrir expedientes de estas organizaciones tuvieron como resultado el reflejo del cierre de más del 42 % del espacio cívico que había antes de 2018. «El régimen reportó 7,227 personerías jurídicas activas y a la fecha llevamos 3,106 personerías jurídicas canceladas, eso te demuestra la magnitud de una violación al derecho humano reconocida en la Constitución Política de Nicaragua y reconocido en el Marco Internacional de Derechos Humanos. Evidentemente nuestro esfuerzo como organizaciones de sociedad civil continúa», expresó el activista.

Afirman que estos datos incluso asombran a la Relatoría de Libertad de Asociación de Naciones Unidas y al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que han urgido al Estado «restablecer y hacer efectivo el pleno goce de los derechos civiles y políticos, en especial la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación».

El 16 de diciembre de 2020, Popol Na y Fundación del Río presentaron el primer informe sistematizando las graves violaciones al derecho de asociación acontecidas en Nicaragua desde que el régimen Ortega-Murillo tomó el control del Estado en 2007. El escrito menciona a 287 asociaciones religiosas ilegalizadas y perseguidas, 328 ONG internacionales, 363 organizaciones gremiales, 82 asociaciones culturales, 60 asociaciones médicas y 54 medios de prensa independientes.

Durante la presentación, hicieron referencia a la creación del sitio web denominado «Libertad de Asociación» que tendrá como objetivo de monitorear la situación de libertad de asociación en el país para «tener y obtener informes, estudios y datos actualizados que pueden ser descargados para el análisis de los ciudadanos».

Las organizaciones llaman a la comunidad internacional «a elevar su compromiso para brindar respuestas de respaldo a las víctimas de la crisis de derechos humanos. Los expertos manifestaron su preocupación frente al cierre arbitrario de cientos de organizaciones de la sociedad civil y advirtieron que representa un claro patrón de represión del espacio cívico».