El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más condenó la nueva arremetida del régimen de Daniel Ortega contra otras 100 organizaciones no gubernamentales —86 son nacionales y 14 internacionales— a las que les eliminó su personalidad jurídica.
El organismo recordó que los argumentos de la dictadura de Nicaragua fueron los mismos que ha utilizado con las decenas de entidades «aniquiladas», aduciendo que estas incumplieron la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, la Ley de Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y la Ley General del Deporte, Educación Física y Recreación Física.
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En horas de la mañana de este jueves, primero de diciembre, el régimen publicó en La Gaceta, diario oficial número 226-2022, el acuerdo ministerial No. 17-2022-0SFL donde se hacía oficial la cancelación de la personalidad jurídica de 86 organismos sin fines de lucro nacionales entre los que están: Fundación Yo Quiero Ser Feliz, Asociación de Ciegos Unidos de Nicaragua, Asociación Cristiana Sueños de Dios y Fundación Nicaragüense de Lucha contra la Diabetes.
Por si fuera poco, el dictador Daniel Ortega también ilegalizó a la Asociación de Amigos de la Policía Nacional, institución que ha sido uno de los aparatos opresores en el país.
Mientras que entre las organizaciones sin fines de lucro extranjeras están Esperanza en Acción, Fundación Américas Unidas y la Asociación One, Two, Tree.
Las oenegés internacionales eran provenientes en su mayoría de Estados Unidos, seguido de una procedente de Panamá, España, El Salvador y Austria. Entre las estadounidenses se encuentran la Alianza Global por la Niñez, Fundación Américas Unidas y Brazos Unidos, todas dedicadas a la ayuda social.
Más de tres mil oenegés canceladas
Ante esto, el Colectivo de Derechos Humanos recordó que el Ministerio de Gobernación y la Asamblea Nacional desde 2018 «han cancelado la personalidad jurídica de al menos 3073 organizaciones, tanto nacionales como internacionales».
Manifiestan que el propósito de estas acciones arbitrarias «es para es ejercer un control absoluto y silenciar a la sociedad; perseguir a quienes opinan diferente y establecer un pensamiento único, violentando los derechos humanos del pueblo nicaragüense».
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«Continúan atentando contra la libertad y el derecho de asociación de la población nicaragüense. Expresamos nuestra solidaridad con las personas víctimas y beneficiarias de las organizaciones canceladas; exigimos el cese de la represión, la derogación de todas las leyes represivas y la libertad de todas las personas presas políticas en Nicaragua», denunció el organismo de derechos humanos.
Recientemente Movimiento Puente, organización que trabaja en temas de ciudadanía, rechazó y denunció las acciones del régimen de Nicaragua de querer «sepultar» el derecho de asociación en el país. Señalan que la dictadura ha aniquilado más de dos mil oenegé a través de la creación de nuevas leyes y reformas. «Organizarnos no es un delito, ¡es un derecho humano!», manifestó el Movimiento Puente.
Recordó también que, el 31 de marzo de este año, la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo aprobó la Ley 1115 o Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, una nueva normativa que otorgó mayores facultades al Ministerio de Gobernación y a la Dirección General de Registro y Control de Organismos Sin Fines de Lucro sobre regulación y control de las oenegés.
La dictadura ha incrementado su represión desde enero de 2022 hasta la fecha, no solo contra organizaciones no gubernamentales a las que cancela sin justificación, sino contra la oposición nicaragüense y la Iglesia católica.
