Por órdenes de Rosario Murillo, fue destituido el secretario político del departamento de León, Evertz Delgadillo, quien estuvo por más de 15 años cumpliendo fielmente las órdenes de ella y de Daniel Ortega. Los motivos: los pésimos resultados de la farsa electoral de noviembre pasado.
Una fuente partidaria dijo a Voces Unidas que el pasado 24 de noviembre le pidieron a Delgadillo entregara la oficina del partido. «Le dijeron que no estaban satisfechos por el trabajo en las elecciones, no hubo una buena gestión en las elecciones municipales en las 10 alcaldías de ese departamento. A Murillo no le gustaron los resultados».
Según denuncias, el exalcalde del municipio en 2005 fue uno de los dirigentes de turbas que atacaron a ancianos que protestaban contra las reformas del Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS) de la ciudad colonial antes del estallido social del 2018.
Otro ocupa su lugar
José Ramón Sarria Morales, de cuarenta y cinco años, ha sido diputado desde 2007, es decir, lleva quince años consecutivos (tres períodos) como diputado departamental de León, obediente a Rosario Murillo.
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La Policía Nacional informó sobre la detención de Jorge Osbaldo Lacayo Cuadra, de 37 años, señalado como miembro de una supuesta banda narco llamada «El Rey». Lacayo es hijo del general en retiro Oswaldo Lacayo Gabuardi, quien fue miembro de la jefatura del Ejército de Nicaragua durante el periodo del general Joaquín Cuadra Lacayo.
El empresario es señalado de ser uno de los «autores de los delitos de crimen organizado, lavado de dinero, bienes y activos». Con su captura, la institución da por desmantelada la banda, ya que varios de sus miembros están bajo arresto, según la Policía el cabecilla de la banda es identificado como Olof Bladimir Altamirano Aguirre, quien aún se encuentra «siendo objeto de búsqueda para su captura y enjuiciamiento».
Altamirano Aguirre es hijo de una comisionada en retiro de la Policía y es supuestamente parte de una banda conocida como El Fierro, vinculada a narcotraficantes hondureños apodados Los Cahirros. En 2017 fue condenado a 6 meses de prisión por el delito de tenencia ilegal de armas.
Estados Unidos condenó este viernes que las autoridades de Nicaragua hayan prohibido la entrada al país al delegado de la Agencia EFE en Managua, el nicaragüense Luis Felipe Palacios, cuando regresaba de un viaje de trabajo.
Un portavoz del Departamento de Estado dijo a la agencia EFE que «el exilio forzado es otro intento de silenciar a los disidentes e intimidar a cualquiera que pueda criticar al régimen».
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El vocero recordó además que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Nicaragua forma parte, establece que «nadie puede ser privado arbitrariamente del derecho a entrar a su propio país» y se trata de un nuevo capítulo de la «tendencia represiva contra los periodistas y la prensa libre» en Nicaragua.
El Gobierno de Nicaragua entregó a una concesión minera de 4.291,29 hectáreas por 25 años para el aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos en el norte de ese país, informó este viernes el Ministerio nicaragüense de Energía y Minas.
Las autoridades nicaragüenses otorgaron la concesión a la empresa Desarrollo Minero de Nicaragua (Desminic), subsidiaria de la canadiense Calibre Mining, que en octubre pasado desistió de al menos tres concesiones de minería en Nicaragua, un día después de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionara a la Dirección General de Minas, adscrita al Ministerio de Energía y Minas.
Estados Unidos incluyó este viernes a Cuba y a Nicaragua en su lista negra de países que violan sistemáticamente la libertad religiosa, lo que conlleva posibles sanciones contra estas naciones, indican medios internacionales.
En el listado de Países de Especial Preocupación, elaborado de forma anual por el Departamento de Estado, repiten este año China, Arabia Saudí, Corea del Norte, Rusia, Irán, Pakistán, Birmania, Eritrea, Tayikistán y Turkmenistán.
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La inclusión de Cuba y Nicaragua supone un paso más en el deterioro de las relaciones del Gobierno de Joe Biden con el de Miguel Díaz-Canel de La Habana y el de Daniel Ortega de Managua.
Los países incluidos en el listado están sujetos a posibles sanciones como la cancelación de intercambios científicos y culturales, la suspensión de la asistencia para el desarrollo, el bloqueo de préstamos o restricciones de exportaciones.
