La Policía Nacional dio por esclarecido el femicidio de Joghenys María Saballos Hernández, de 34 años, concejal electa del Frente Sandinista de Bocana de Paiwas, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, al presentar a su cónyuge, Arcenio José Martínez Hurtado.
El sujeto es identificado como un fuerte ganadero del municipio y hermano del alcalde saliente, Manuel Hurtado, por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC). El comisionado general Sergio Gutiérrez, jefe policial de Matagalpa y quien ha dirigido el ataque contra los religiosos católicos en ese departamento, presentó al victimario y un revólver como evidencia del crimen, con el que aseguran mató a su cónyuge.
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Según Gutiérrez, Martínez Hurtado tiene antecedentes delictivos por daños a la propiedad. La víctima fue asesinada de un disparo de parte de Hurtado la noche del martes, 29 de noviembre, en la comunidad de Bocana de Paiwas, en la Costa Caribe Sur de Nicaragua.
Joghenys María Saballos Hernández recientemente fue electa como concejal propietaria de Bocana de Paiwas por la Alianza Nicaragua Triunfa en las votaciones municipales del 6 de noviembre de 2022.
Recientemente, la organización feminista Católicas por el Derecho a Decidir informó que en el país se han registrado 57 femicidios que se cometieron en el territorio nacional y nueve se perpetraron en el extranjero: tres en Costa Rica, dos en Panamá y cuatro en Guatemala, países centroamericanos donde familias enteras han emigrado por la represión de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En Nicaragua, las regiones autónomas del Caribe son las principales zonas del país donde se han registrado los femicidios, sumando 14 en total; le sigue Managua con 13 y los departamentos de Matagalpa y León con 5 cada uno; Río San Juan, Jinotega, Rivas y Estelí dos asesinatos de mujeres cada uno y en Boaco, Chinandega y Nueva Segovia, un femicidio por departamento. 33 femicidios fueron ejecutados en zonas rurales y 24 en áreas urbanas.
Católicas por el Derecho a Decidir ha criticado la falta de interés de la dictadura de Daniel Ortega ante la creciente ola de femicidios en el país. También han dicho que el Estado de Nicaragua se muestra ausente y ante las dificultades geográficas, lejanías y pobreza, la impunidad prevalece en los casos donde las víctimas son mujeres rurales.