En el más reciente informe de personas presas políticas a manos del régimen de Daniel Ortega, que comprende del primero de octubre al 30 de noviembre, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas políticas contabiliza 235 reas y reos de conciencia.
Del total de opositores encerrados en las diferentes cárceles del país, 225 fueron apresados entre abril de 2018 a la fecha, mientras que 10 presos políticos fueron secuestrados previo a la crisis.
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Según el informe actualizado, la cifra de presos y presas políticas reportada en septiembre de este año era de 219, sin embargo el Mecanismo incluyó en el total los encarcelados en los últimos dos meses, octubre y noviembre, a otros 16 opositores.
El Mecanismo divide a ese grupo entre 11 hombres y cinco mujeres reconocidas como personas presas políticas, quienes fueron capturadas entre el primero de octubre y el 30 de noviembre.
Pero la lista podría haber sido mayor, ya que en ese periodo hubo 59 detenidos, entre estos procedentes de los departamentos de
Carazo, Chinandega, Managua, Masaya, Matagalpa, Nueva Segovia, Río San Juan, Rivas y las dos Regiones Autónomas de la Costa Caribe.
Del total de prisioneros, fueron liberados 30 ciudadanos, y siguen aún en prisión —de los capturados entre octubre y noviembre— 29 opositores, la mayoría capturados en el contexto de las votaciones municipales.
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Entre las personas detenidas se encuentran activistas territoriales, integrantes de organizaciones políticas, personas opositoras, familiares de víctimas de abril, jóvenes exatrincherados, personas excarceladas políticas, líderes y lideresas estudiantiles, jóvenes indígenas, trabajadores y trabajadoras del Estado y sacerdotes católicos.
Por otra parte, se detalla que del total de 225 personas presas políticas del contexto de abril 2018, 140 se encuentran recluidas en los distintos centros del Sistema Penitenciario Nacional, 59 en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como «El Nuevo Chipote» en Managua. Adicionalmente 14 personas están en delegaciones municipales de la Policía y 12 en casa por cárcel.
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Además de los secuestros a opositores, en el informe se denuncia que la agresiones a familiares de personas presas políticas han sido diversas, desde la falta de acceso a información sobre sus familiares luego de las detenciones por largos periodos de tiempo hasta recibir amenazas y ser víctima de detenciones.
Hasta el momento, la represión estatal no se ha detenido en el país y según expertos esta acción por parte del dictador Daniel Ortega puede continuar en lo que resta de este 2022.
