Alejandra Mendoza Pozo, de ocho años, tiene 528 días sin ver a su papá Miguel Mendoza. El cronista deportivo fue tomado como preso político por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Durante todo ese tiempo no ha podido comunicarse con su progenitor. El régimen lo tiene cautivo en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como «El Chipote». No ha permitido que el opositor reciba un mensaje en video, fotos o papel de parte de su hija. Cualquier contacto, por mínimo que sea, está prohibido.
La familia de Miguel Mendoza ha pedido en reiteradas ocasiones que permitan una visita entre padre e hija, pero no han tenido ninguna respuesta de parte de las autoridades policiales que lo mantienen cautivo. El abogado del rehén de conciencia ha interpuesto más de 10 recursos en el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) y ninguno ha sido contestado. Abogados han expresado que la negativa del régimen viola los derechos de la niña que ha sufrido ataques de ansiedad por no ver a su padre.
«¡Hola papi! No quiero pasar una Navidad nuevamente sin tu. Le oro a Dios todos los días para que me haga el milagro que estés conmigo. ¡Te amo!», le escribió Alejandra a su padre Miguel Mendoza.
Noticia relacionada: Hija de Miguel Mendoza sufre crisis de ansiedad por separación forzada
Miguel Mendoza se sometió a una huelga de hambre como medida de presión para que la dictadura lo deje reencontrarse con su hija. El periodista dejó la protesta pacífica ante la promesa que lo dejarían ver a su hija después de más de 500 días sin ningún tipo de comunicación, pero nada ha sucedido.
Tras la visita familiar del pasado 19 de noviembre, Miguel Mendoza dijo a sus familiares que la promesa de ver a su hija fue un «engaño» porque la visita no se ha concretado. «Él está triste, esperanzado con ver a Alejandra. Le carcome esa situación de no poder ver a su familia», dijo Cristopher Mendoza, sobrino del periodista encarcelado el 21 de junio de 2021.
El periodista y crítico del régimen Ortega y Murillo fue encarcelado en junio de 2021, en medio de una cacería de dirigentes gremiales. Fue declarado culpable por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas, a través de leyes represivas dirigidas contra opositores. La justicia de Ortega y Murillo lo condenó a nueve años de cárcel.
