Alejandra Mendoza, de ocho años, es parte de un grupo de niños, niñas y adolescentes que no han podido ver a sus madres y padres detenidos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como «El Chipote». Su padre, el cronista deportivo Miguel Mendoza, se sometió a una huelga de hambre como medida de presión para que lo dejen verla.
El periodista dejó la protesta pacífica ante la promesa que lo dejarían reencontrarse con su hija después de más de 500 días sin ningún tipo de comunicación, pero nada ha sucedido y su familia sigue demandando que Miguel Mendoza y Alejandra tengan un encuentro.
«Te amo papi, necesito verte», es el más reciente mensaje que Alejandra le escribió a su padre encarcelado. La niña ha sufrido crisis de ansiedad debido al distanciamiento físico que le ha impuesto la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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«Hoy Alejandra cumple 525 días de no abrazar a su papá. Ha pasado por crisis de ansiedad a causa de esta separación forzosa. Demandamos que le permitan verlo, es una niña y tiene derechos», exigió la familia de Miguel Mendoza en las cuentas sociales del periodista.
Tras la visita familiar del pasado 19 de noviembre, Miguel Mendoza dijo a sus familiares que la promesa de ver a su hija fue un «engaño» porque la visita no se ha concretado. «Él está triste, esperanzado con ver a Alejandra. Le carcome esa situación de no poder ver a su familia», dijo Cristopher Mendoza, sobrino del periodista encarcelado el 21 de junio de 2021.
El primero de septiembre fue llevado a los Juzgados de Managua para ser exhibido ante medios gubernamentales junto a otros dirigentes gremiales presos en El Chipote, luego que las familias de los reos denunciaran el deterioro físico de los encarcelados a causa de los malos tratos.
El periodista y crítico del régimen Ortega y Murillo fue encarcelado en junio de 2021, en medio de una cacería de dirigentes gremiales. Fue declarado culpable por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas, a través de leyes represivas dirigidas contra opositores. La justicia de Ortega y Murillo lo condenó a nueve años de cárcel.