Al menos 62 opositores nicaragüenses fueron detenidos en el marco de los comicios municipales celebrados el pasado día 6 en Nicaragua, de los cuales 41 permanecen en prisión, denunciaron este viernes organismos defensores de los derechos humanos que demandaron “el cese de la represión contra la ciudadanía”.
“Exigimos al Estado de Nicaragua el cese de la represión contra la ciudadanía que reclama el derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición”, expresó el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, que junto al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y el observatorio de incidencias electorales Urnas Abiertas, plantearon la denuncia.
Esos organismos también demandaron “la inmediata libertad de las personas de la Costa Caribe de Nicaragua y de todas las personas presas políticas”.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), antes de los últimos arrestos en Nicaragua había al menos 220 “presos políticos”, casi todos opositores y críticos del Gobierno que preside el exguerrillero Daniel Ortega, así como trabajadores de organizaciones que este considera adversarias.
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Entre las 41 personas que permanecen en prisión en el marco de las recientes elecciones, 19 son de la costa Caribe, y se cree que la mayoría pertenecen al partido indígena Yatama, conforme la información con la que cuentan hasta ahora los organismos humanitarios.
#Urgente | El @ColectivoNunca exige al Estado de Nicaragua cese de la represión contra la ciudadanía que reclama el derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición, y la inmediata libertad de las personas de la Costa Caribe y de todas las personas presas políticas pic.twitter.com/EaDs2P2JFq
— NicaraguaActual (@NicaraguaActual) November 18, 2022
“Hay decenas de personas privadas de libertad, cuyos nombres no se conocen debido al temor fundado de sus familiares, contra quienes también se realizan amenazas, detenciones y torturas”, resaltó el Colectivo.
Los organismos exigieron la liberación de “presos políticos” recientes como Mildrer Giselle Rayo Ramíírez, Miguel Alejandro Flores Matus o Carla Patricia Vega, así como de otros que llevan varios meses convictos, entre ellos el exsacerdote y exembajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos Edgard Parrales, la activista Ana Margarita Vijil, Karla Escobar y Maycol Arce.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha ordenado la liberación de decenas de los denominados “presos políticos”, pero hasta ahora el Gobierno de Nicaragua se ha negado a ejecutar las resoluciones.
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El presidente Ortega se ha referido a los “presos políticos” como “terroristas” o “hijos de perra de los imperialistas yanquis”.
Nicaragua vive una crisis sociopolítica desde las masivas protestas antigubernamentales de 2018, que en su primer año dejó al menos 355 muertos, según la CIDH, aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.
La crisis se acentuó en las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
