La vicemandataria de Nicaragua, Rosario Murillo, evitó referirse a la ampliación de sanciones aplicadas por la Unión Europea (UE) en su contra, por el contrario dedicó su monólogo a anunciar las proyecciones para el Presupuesto General de la República (PGR) de 2023.
Murillo anunció que este 14 de octubre el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, presentará ante la Asamblea Nacional el anteproyecto del PGR para el año 2023 que «fue aprobado por nuestro presidente (Daniel Ortega) en todas sus cifras y proyecciones. A las 3 de la tarde de mañana (viernes, 14) entonces estará el compañero Iván (Acosta) entregando ese importantísimo documento a la Asamblea Nacional, en la persona del doctor Gustavo Porras», dijo la vocera gubernamental.
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A su vez anunció que en cuanto a los avances de la restauración en las zonas afectadas por el huracán Julia el 97.71% de la energía eléctrica ha sido restablecida. «Nos queda pendiente restablecer según el informe del compañero Salvador Mansell, el 2.29% o sea, 35 mil 485 familias, a quien enviamos saludos, pedimos su comprensión ha sido arduo el trabajo, sabemos que es difícil estar sin energía y que se afectan muchas cosas, pero vamos llegando, el total del servicio de energía eléctrica y en la Costa Caribe también donde nos quedan pendientes 9 mil 572 familias», informó.
Entre estas líneas la vicemandataria obvió el anuncio de la UE emitido esta mañana que advertía la prórroga de un año para las sanciones aplicadas a 21 funcionarios orteguistas, decisión que, según el Consejo, es la respuesta a Daniel Ortega por la expulsión de la embajadora, Bettina Muscheidt, que fue recientemente declarada como «persona non grata» por el régimen.
El 28 de septiembre, la dictadura ordenó la expulsión de la representante europea en el país centroamericano luego de que la delegación de la UE ante la ONU exhortara a Ortega a «devolver la soberanía de Nicaragua al pueblo nicaragüense» y a «restaurar la democracia» en el país.
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La embajadora Bettina Muscheidt llegó a Nicaragua en septiembre de 2021, hace apenas un año, en sustitución de Pelayo Castro. En su discurso de bienvenida dijo que dentro de sus funciones está la «responsabilidad principal de continuar con la promoción y defensa de los valores y principios que guían el actuar de la Unión Europea y sus Estados Miembros, dentro y fuera de sus fronteras: respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos».
El paquete de sancionados incluye a Rosario Murillo y sus hijos Camila, Laureano y Juan Carlos Ortega Murillo, la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor). Además de encontrarse en este combo los funcionarios Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; Bayardo Arce, asesor económico del régimen; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos; y la fiscal general Ana Julia Guido.