El Consejo de la Unión Europea (UE) dio prórroga de un año para las sanciones contra 21 funcionarios e instituciones del régimen de Nicaragua, esta decisión es la respuesta a Daniel Ortega por la expulsión de la embajadora de la UE, Bettina Muscheidt, que fue recientemente declarada como «persona non grata».
En las sanciones se encuentra incluida la vicepresidenta Rosario Murillo y sus hijos Camila, Laureano y Juan Carlos Ortega Murillo, la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor). Además de encontrarse en este combo los funcionarios Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; Bayardo Arce, asesor económico del régimen; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos; y la fiscal general Ana Julia Guido.
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«Esta decisión se produce tras la injustificada decisión del régimen de Nicaragua de expulsar del país a la jefa de la delegación de la UE, y cortar los lazos diplomáticos con el Reino de los Países Bajos, así como la respuesta recíproca de la UE de declarar al jefe de la misión de la República de Nicaragua a la UE como persona non grata», afirma el Consejo.
El 28 de septiembre, la dictadura ordenó la expulsión de la representante europea en el país centroamericano luego de que la delegación de la UE ante la ONU exhortara a Ortega a «devolver la soberanía de Nicaragua al pueblo nicaragüense» y a «restaurar la democracia» en el país.
La embajadora Bettina Muscheidt llegó a Nicaragua en septiembre de 2021, hace apenas un año, en sustitución de Pelayo Castro. En su discurso de bienvenida dijo que dentro de sus funciones está la «responsabilidad principal de continuar con la promoción y defensa de los valores y principios que guían el actuar de la Unión Europea y sus Estados Miembros, dentro y fuera de sus fronteras: respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos».
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«La UE seguirá apoyando a los nicaragüenses a enfrentar esos retos y construir un futuro mejor, contribuyendo con las poblaciones más afectadas por la pandemia, el cambio climático y la difícil situación política y económica que atraviesa el país», afirmó en ese momento.
Fue durante la misión de su antecesor que la UE y algunos países de Europa sancionaron a familiares y allegados de Ortega, entre ellos su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y varios de sus hijos, bajo señalamientos de atentar contra los derechos humanos y la democracia.
