Gabriel Mato, diputado del Partido Popular (PP) en el Parlamento Europeo, denunció que la «situación entre rejas es insostenible» para el preso político Félix Maradiaga. El opositor lleva más de 15 meses encerrado en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como «El Chipote», sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes.
El europarlamentario se unió a la campaña mundial «Rompiendo cadenas, apadrina un preso político», que busca visibilizar la situación y la realidad de los presos políticos de todo el mundo, darle voz y reclamar a justicia y respeto para todos ellos, «para quienes han sido inmoralmente encarcelados por gobiernos totalitarios, incluso aislados y torturados», aseveró Mato.
«He decidido sumarme a la campaña mundial: rompiendo cadenas apadrina un preso político, que el Instituto Casla ha puesto en marcha para denunciar la cruel realidad que viven muchos presos políticos. He decidido apadrinar al nicaragüense Félix Maradiaga, un defensor de los derechos humanos y líder de grupos de oposición nicaragüense. Lleva 15 meses injustamente encarcelado en condiciones inhumanas por el gobierno despótico de Ortega», dijo el eurodiputado en un video colgado en su cuenta de la red social Twitter.
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«Su situación entre rejas es insostenible. Ante abusos como este no podemos quedarnos callados ni ser meros espectadores de las atrocidades que muchos regímenes tiranos están cometiendo. Debemos actuar. El respeto a la democracia y las libertades han de ser una realidad para todos», añadió.
Maradiaga fue capturado el ocho de junio de 2021 a pocos metros del Ministerio Público en Managua, minutos antes había sido interrogado por los fiscales de Daniel Ortega. Tras su detención, fue trasladado a «El Nuevo Chipote», un reconocido centro de torturas, según indican los familiares de presos políticos.
La justicia orteguista le impuso una sentencia de 13 años de cárcel. El rehén de conciencia enfrentó siete audiencias que, de acuerdo con sus defensores, estuvieron «plagadas de irregularidades» que culminaron con un fallo de culpabilidad. La dictadura lo acusó de transgredir la Ley 1055, Ley de Soberanía, una herramienta jurídica aprobada por los diputados de la dictadura para perseguir, encarcelar y enjuiciar a los opositores del régimen Ortega-Murillo.
