El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denuncia que monseñor Rolando Álvarez cumple 40 días de «secuestro» impuesto por el régimen de Daniel Ortega. La organización demanda que se de a conocer el estado físico del líder religioso.
«15 días en la Curia Episcopal y 25 días supuestamente en casa de sus padres. No se conocen mayores detalles sobre sus condiciones físicas y psicológicas. Exigimos su libertad y respeto a su integridad física», refiere la denuncia publicada vía Twitter por el Cenidh, que ha emprendido una campaña en demanda de la liberación del purpurado.
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Hasta el momento se desconocen mayores detalles sobre la detención del religioso que fue sustraído con violencia de la Curia Episcopal de Matagalpa el 19 de agosto, junto a ocho sacerdotes, seminaristas y laicos, que, según el único reporte que dio la Policía, se encuentran encerrados en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, en Managua, conocidas como «El Nuevo Chipote».
Acompañaban a monseñor Álvarez el primer y segundo vicario de la catedral de San Pedro, de Matagalpa, José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios, respectivamente; así como los sacerdotes Óscar Escoto—párroco de la iglesia Santa María de Guadalupe—, Ramiro Tijerino—rector de la Universidad Juan Pablo II—y el padre Raúl González. Luego de la detención de los religiosos, monseñor Álvarez fue trasladado a casa de sus padres en Managua, según lo informó la Policía, y desde ese momento se desconoce su estado físico.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló recientemente que estos actos de la dictadura son parte de un contexto sistemático de persecución, criminalización, hostigamiento, asedio policial y declaraciones estigmatizantes por parte de las más altas autoridades del Estado. Según el organismo, esto es producto del papel crítico de la Iglesia al denunciar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco de la crisis en el país y por haber mediado un diálogo nacional en 2018.
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«El obispo habría sido responsabilizado por las autoridades de “ejecutar actos de odio” y “desestabilizar al Estado”; asimismo, en declaraciones públicas, la vicepresidenta (Rosario Murillo) lo acusó de cometer “crímenes de lesa espiritualidad”, debido a su denuncia y oposición a la confiscación y cierre de siete radioemisoras de la Diócesis de Matagalpa», explica la declaración del organismo de derechos humanos.
La Iglesia católica ha sido blanco de ataques del régimen tras mediar un fallido diálogo nacional. Su voz profética y respaldo al pueblo la ha llevado a sufrir amenazas, profanaciones de templos, persecución de sus sacerdotes y obispos y el exilio forzado de algunos miembros del clero.
