La aprobación de la resolución que condena la grave situación de violación a los derechos humanos, políticos y civiles en Nicaragua fue respalda por 27 estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), que en conjunto condenaron los «abusos» del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
«No podemos permanecer indiferentes o ignorar las condiciones que enfrentan los nicaragüenses día a día, particularmente con más de 180 presos políticos que se encuentran sin las condiciones mínimas que merece todo ser humano, según han denunciado los organismos de derechos humanos y sus propios familiares. hacemos un llamado para la liberación de todos los presos políticos, así como el cese de la persecución e intimidación de la prensa independiente», expresó la embajadora de Costa Rica, Montserrat Solano Carboni, durante su intervención.
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Estados Unidos también denunció que el régimen de Nicaragua «se encuentra sosteniendo abusos insostenibles para todos, especialmente para los presos políticos.
Además vemos que Nicaragua sigue amenazando la fe religiosa, incluyendo las jornadas religiosas de ese país. El régimen y sus representantes han tomado represalias en contra de las instituciones religiosas por demostrar su apoyo a líderes políticos y religiosos, el régimen Ortega-Murillo los acusa de terroristas y de crímenes con acusaciones inventadas, acusándolos de cometer crímenes de lesa humanidad», refirió el representante de Estados Unidos, Frank Mora.
Por su parte, Canadá, Hugh Adsett, recordó ante el plenario las denuncias establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), «nos sumamos a sus demandas para que se respeten los derechos humanos de las personas detenidas y todas las mujeres privadas de libertad». Además, continuó uniéndose a la denuncia de la violación a la libertad de prensa en el país.
«El periodismo ya es prácticamente un delito en Nicaragua, el índice de libertad prensa colocó en posición 160, casi en la última posición de la lista a Nicaragua. Hace tres semanas se dijo que no existía en absoluto las garantías para ejercer la libertad de prensa en el país, la violación de derechos humanos es alarmante a como lo es también el número creciente de personas que han sido obligadas a huir de Nicaragua hacia otros estados», expresó Canadá.
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La resolución aprobada este tarde en el plenario de la OEA cuenta con cinco puntos, señala el «cierre forzado» de las organizaciones y fundaciones sin fines de lucro, que ya suman casi 1 mil 400 ONG con la personalidad jurídica canceladas por la Asamblea Nacional, que responde a los intereses de la pareja dictatorial en una persecución contra la libertad de asociación que busca limitar el espacio cívico en el país.
El documento también aborda la persecución de la Iglesia católica, sacerdotes, obispos, líderes de oposición y presos políticos del régimen de Ortega. Desde el primero de agosto, la dictadura ordenó una escalada represiva contra la Diócesis de Matagalpa y su obispo, monseñor Rolando Álvarez. Ese día, a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), ordenó el cierre de todas las radios de la Diócesis, canales locales del departamento, programas radiales y un medio de comunicación de Nueva Guinea.
El Consejo Permanente de la OEA reiteró su ofrecimiento de trabajar con el régimen de Ortega «para que se adhiera a las Cartas rectoras de la OEA y restablezca la institucionalidad democrática y el respeto a los derechos humanos» de acuerdo con el derecho internacional. Además, encomendaron al secretario general de la OEA, Luis Almagro, para que transmita a la dictadura dicha resolución.