El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Silvio Báez, calificó este viernes de “secuestro” la situación que vive el también obispo nicaragüense Rolando Álvarez, a quien la Policía Nacional acusa de intentar “organizar grupos violentos” y lo mantiene sitiado y retenido en un Palacio Episcopal desde hace nueve días.
“Condeno el secuestro de mi hermano Mons. Rolando Álvarez de parte de la dictadura de Nicaragua”, en alusión al Gobierno del presidente Daniel Ortega, escribió en Twitter el obispo Báez, quien se encuentra fuera del país desde hace 40 meses por decisión del papa Francisco por motivos de seguridad.
“Estoy cerca de él (Álvarez) con mi cariño y mi oración. Es una luz que brilla en las tinieblas, que las tinieblas no podrán apagar (cf. Jn 1,5). ¡Él y quienes lo acompañan deben ser liberados!”, abogó el obispo auxiliar de Managua.
Álvarez, de 55 años y obispo de la Diócesis de Matagalpa, administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, se encuentra confinado junto a cinco sacerdotes, tres seminaristas, y dos laicos, en el Palacio Episcopal provincial desde el jueves de la semana pasada, que está sitiado por fuerzas especiales policiales.
El obispo, un crítico de Ortega, fue acusado el viernes pasado por la Policía Nacional de intentar “organizar grupos violentos”, supuestamente “con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”.
La acusación se dio un día después de que el religioso fuera impedido por la Policía de oficiar una misa con los feligreses en una parroquia.
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Minutos antes de publicar su razonamiento sobre Álvarez, el obispo Báez explicó que estaba en un retiro espiritual y que ha vivido 15 días “de silencio, dedicado a la oración y a la escucha de la voz del Señor” fuera de Estados Unidos, donde reside, en una comunidad de la Compañía de Jesús.
Báez, uno de los mayores críticos del Gobierno de Ortega, sufrió amenazas de muerte y agresiones físicas de parte de simpatizantes del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en el marco de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018.
ROCES EN LA RELACIÓN ESTADO-IGLESIA
El sitio policial a Álvarez se da en medio de una serie de acciones del Gobierno sandinista contra la Iglesia católica nicaragüense, que incluye la prohibición a la Arquidiócesis de Managua de la procesión con la imagen peregrina de la virgen de Fátima.
También la expulsión de un grupo de misioneras de la orden Madre Teresa de Calcuta, el cierre de ocho radioemisoras católicas, la exclusión de la programación de la televisión por suscripción de tres canales católicos y el ingreso a la fuerza y allanamiento a una parroquia.
El presidente Ortega tildó de “terroristas” a los obispos nicaragüenses que actuaron como mediadores de un diálogo nacional con el que se buscaba una salida pacífica a la crisis que vive el país desde abril de 2018.
La situación en Nicaragua se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre pasado en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
Las relaciones entre los sandinistas y la Iglesia católica de Nicaragua han estado marcadas por roces y desconfianzas en los últimos 43 años.
La comunidad católica representa un 58,5 % de los 6,5 millones de habitantes de Nicaragua, según el último censo nacional.
