La organización feminista La Corriente denunció por medio de sus redes sociales que el allanamiento de sus instalaciones constituye un acto «ilegal que atenta contra la libertad». El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo había cancelado su personalidad jurídica el cinco de mayo de 2022.
«El programa feminista denuncia ante la ciudadanía nicaragüense y la comunidad internacional, que el régimen el día de hoy 8 de julio, acaba de concretar el despojo de la propiedad de nuestra asociación. A todas luces, la cancelación de nuestra personería jurídica y la toma de nuestras instalaciones, es un acto ilegal que atenta contra la libertad de asociación contenida en la constitución política de la República de Nicaragua», describió la asociación defensora de los derechos de la mujer nicaragüense.
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La socióloga y directora de la Asociación Programa Regional Feminista La Corriente, María Teresa Blandón, calificó como «aniquilación» la ilegalización de la organización y afirmó que es parte de la «obsesión» del régimen Ortega-Murillo de permanecer en el poder.
En el comunicado, la entidad afirma que continúan comprometidas con «la defensa de los derechos humanos y de los valores democráticos como condición para erradicar todas las formas de violencia». La organización nació en 1994. Tiene 28 años de existencia. Aglutina propuestas de distintos colectivos feministas centroamericanos comprometidos con la construcción de un movimiento amplio y plural.
«El objetivo principal fue la defensa de los derechos de las mujeres, luego de unos años se concentró a nivel nacional en Nicaragua, donde tuvo su sede, y siguió trabajando con mujeres y amplió su proyección hacia jóvenes de ambos sexos», explicó la exdirectora de la organización.
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La socióloga expresó que invirtieron mucho esfuerzo en el área de derechos humanos de las mujeres y jóvenes, particularmente en la prevención de la violencia de género y en la defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos.
Alrededor de 80 ONG feministas han sido ilegalizadas al retirarle la personalidad jurídica por parte de la dictadura desde diciembre de 2018. Solo en junio de 2022, en la escalada represiva contra la libertad de asociación, el régimen canceló 27 organizaciones que trabajan por los derechos humanos de las mujeres, las jóvenes y las niñas.
