Luego que los diputados en la Asamblea Nacional aprobaron con 75 votos cancelar la personalidad de 50 organizaciones sin fines de lucro, incluyendo la organización feminista La Corriente, su directora, María Teresa Blandón, dijo a Articulo 66 que ya esperaban la decisión por parte del régimen de Daniel Ortega .
Según la defensora de derechos humanos, la dictadura de Ortega ha «descabezado» a más de 10 organizaciones de mujeres y feministas, por lo que no descartaban que lo mismo sucediera con esta entidad que promueve los derechos de las mujeres en el país.
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«Sabemos que eso forma parte de una estrategia para desarticular a la sociedad civil y para silenciar a las organizaciones defensoras de derechos humanos. Lamentablemente sabíamos que esto iba a ocurrir en cualquier momento», expresó Blandón.
Ante esta nueva acción por arte del régimen, la feminista señaló que pese a que la personería jurídica es un factor importante de las organizaciones, porque permite tener reconocimiento del Estado y acceder a recursos de la cooperación, sin embargo seguirán trabajando, aunque aduce que será más limitado.
«Nosotros vamos a seguir trabajando en la promoción de valores democráticos que permitan promover ideas para la no discriminación e inclusión, aunque en una menor proyección…», afirmó.
Edifico pasaría a manos del Estado
En cuanto al edificio donde funcionaba la oenegé y que es propiedad de la misma María Teresa Blandón explicó que los estatutos de la organización señalan que una vez que la corriente cese sus operaciones, podrá entregar en donación el local a una organización que tenga propósito similares «es decir defender los derechos de las mujeres, de las y los jóvenes y los derechos de grupos de la diversidad sexual».
«Pero lamentablemente hay una ley que autoriza al Estado a expropiar estos bienes, así que asumimos que esto mismo va a pasar con nuestra organización», afirmó la directora de la Corriente.
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Esta organización es una de las muchas oenegés que no se inscribieron como agentes extranjeros (Ley inventada en 2020 por la dictadura), porque según Blandón dicha normativa no tiene ninguna legalidad y «porque no somos agentes extranjeros y no nos parecía correcto clasificarnos de una manera que no corresponde a nuestra naturalidad; somo una organización nacional».
La Corriente tiene 28 años (se fundó en 1994) de existir en Nicaragua, era una de las pocas organizaciones que trabajaba dentro del país en al promoción de derechos humanos.
Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más condena cancelación de 50 ONG
Por su parte, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más condenó la cancelación de las 50 oenegés en menos de una semana, por considerar que la acción del régimen es «arbitraria e inconstitucional».
«La Asamblea Nacional junto al Ministerio de Gobernación señalan que las organizaciones “han incumplido con sus obligaciones” conforme las leyes del país, como no reportar estados financieros conforme períodos fiscales; juntas directivas vencidas; no reportan donaciones previas provenientes del exterior, entre otros», señaló el Colectivo.
«Desde abril 2018, durante cuatro años de sistemática represión, el régimen Ortega Murillo ha cancelado más de 210 organizaciones, en su afán por el control absoluto y para establecer un pensamiento único, violentando los derechos humanos del pueblo nicaragüense», agregó .
El organismo defensor expresó su solidaridad a todas las personas víctimas y beneficiarias «y exigimos la libertad para todas las personas presas políticas, así como la derogación de todas las leyes represivas en Nicaragua.
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Desde el 2018 hasta la fecha, la dictadura de Ortega han ilegalizado alrededor de 150 ONG nicaragüenses, ocho meses después de que estallara una revuelta popular por unas controvertidas reformas a la seguridad social calificada como un intento de golpe de Estado por Ortega.
Universidades, asociaciones que apoyan a la niñez, entre otras han sido las oenegés que han sido anuladas por la dictadura, bajo la excusa de que estas han incumplido la Ley de Nicaragua.
Luego de la anulación de la personalidad jurídica de las organizaciones, se establece que los bienes y acciones que pertenezcan, «tendrán previa liquidación, el destino previsto en el acto Constitutivo o en su Estatuto. Si nada se hubiera dispuesto sobre al respecto, estos pasarán a ser propiedad del Estado de conformidad a la Ley de la materia».
