El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más señaló que el «nivel de brutalidad y represión» perpetrada por la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra los ciudadanos, organizaciones de sociedad civil y entidades internacionales, evidencian que «estamos en una dictadura terrible en el hemisferio».
En el sexto informe del Observatorio de la Tortura se registró, entre diciembre 2021 a marzo 2022, un total de 139 víctimas de tortura, de ellos 116 son hombres y 22 mujeres, incluyendo a una mujer transexual.
A través de las denuncias, se ha identificado «patrones continuos de tortura física y mental, así como malos tratos en contra de personas presas políticas en centros de detenciones y amenazas constantes en contra de sus familiares por denunciar y demandar mejores condiciones para los encarcelados».
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Wendy Flores, defensora de derechos humanos, indicó que las denuncias interpuestas ante el organismo son evidencias que aportan a documentar que en Nicaragua aún se mantiene la represión y que el régimen de Ortega «no da tregua y sigue haciendo actos violentos en contra de la población nicaragüense».
El informe resaltó que a partir del 31 de enero, el Ministerio Público, controlado por la administración de Ortega, reanudó los juicios políticos en contra de los reos de conciencia, que permanecen cautivos en las instalaciones del Complejo Policial Evaristo Vásquez, mejor conocido como el Nuevo Chipote.
Denunció, que la justicia nicaragüense efectuó los juicios orales de «manera arbitraria e ilegal» al celebrarlos en las cárceles del Nuevo Chipote y «no en tribunales correspondientes a como lo establecen las leyes de la materia».
«Las audiencias iniciales y preliminares se han desarrollado a puertas cerradas y sin las condiciones para ejercer el derecho de una defensa adecuada violando de esta manera los derechos y garantías del debido proceso y los derechos fundamentales de los privados de libertad, además de calificarlos como “criminales y delincuentes”, y responsables de “los actos terroristas de la agresión del fallido intento de golpe de Estado” del año 2018», subrayó.
«Entre los juicios reanudados en febrero y marzo de 2022, se encuentran los de los periodistas Miguel Mora, Miguel Mendoza, Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro, Juan Lorenzo Holmann y los ex trabajadores de la disuelta Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Gómez, Marcos Fletes y Pedro Vásquez, todas estas personas fueron condenadas a más de 8 años de cárcel, más multas millonarias», detalló.
Dictadura de Ortega amenaza, hostiga y persigue a defensores y periodistas
El informe contra la tortura alertó de «la situación de las mujeres privadas de libertad. Las 14 mujeres opositoras han sido detenidas arbitrariamente, acusadas y condenadas, siendo sometidas a unas condiciones de detención indignas e inhumanas, así como de violencia sexual, actos de torturas y malos tratos en las cárceles».
Denunció que las personas defensoras de derechos humanos continúan siendo «víctimas de hostigamientos, amenazas y ataques, así como los abogados y abogadas de las personas presas políticas, activistas y defensores de pueblos indígenas».
También, indicó que el periodismo independiente se encuentra «bajo un permanente ataque y asedio por parte del gobierno de Ortega, sus operadores de justicia y paraestatales quienes han sido utilizados para reprimir, hostigar, perseguir, amenazar, censurar, agredir, criminalizar y judicializar a quienes denuncian graves violaciones a los derechos humanos».
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El Colectivo destacó que entre los distintos perpetradores identificados por las víctimas se encuentran «las fuerza paraestatales, policiales, militares, el Poder Judicial y el Ministerio Público que han participado en los contubernios para permitir y perpetuar la represión en el país».
«El sistema de justicia en Nicaragua carece de independencia y es utilizado con impunidad para castigar a cualquier persona crítica u opositora al gobierno incumpliendo con su deber de protección, desbaratando de esta forma el Estado de Derecho y la democracia, convirtiéndose en una pieza clave para reprimir a personas que defienden los derechos humanos y exigen justicia por los crímenes de lesa humanidad, ocurridos en el marco de las protestas sociales del 2018», añadió.
La situación en Nicaragua cada día empeora
La defensora Wendy Flores detalló que han gestionado entre diciembre 2021 y marzo 2022, alrededor de 44 solicitudes de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la inminente situación de riesgo para su vida e integridad de estas personas.
«De estas 44 solicitudes que hemos tramitado, el organismo nos ha otorgado 27 medidas cautelares; lo que significa que las víctimas está siendo escuchadas por organizaciones, pero sobre todo por la CIDH, una instancia de la Organización de los Estados Americanos, que fue empleado para monitorear, sistematizar y proteger en caso de violación a derechos humanos», dijo.
«Y estamos ante una situación, en que el gobierno no solamente ha desconocido a la OEA, sino que también ha incumplido con las medidas cautelares de este organismo y con las medidas provisionales que ha otorgado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordena la inmediata libertad de los presos y presas políticas. Hemos sido testigo como uno de ellos perdió la vida precisamente por esta tortura, en el caso de Hugo Torres, sin embargo la situación no cambia», lamentó.
El 12 de febrero de 2022, falleció el preso político Hugo Torres, en unos de los hospitales de Managua y en manos de la dictadura de Ortega. Tras este acontecimiento se generó «un clima devastador para las personas presas políticas, para sus familiares y para quienes hemos abogado por su vida y libertad inmediata».
La administración de Ortega, ante la muerte de Torres, autorizó el cambio de medida cautelar de prisión a arresto domiciliario para cinco reos políticos, quienes son adultos de la tercera edad y con afectaciones en su salud, entre ellos están Edgar Parrales (79 años), Francisco Aguirre (77años), Mauricio Díaz (71 años), José Pallais (68 años) y Artuz Cruz (68 años).
«El tratamiento arbitrario, torturas y malos tratos que han sufrido las personas presas políticas, demuestran la inhumanidad y crueldad del Gobierno de Ortega, que incluso fue denunciado el 23 de marzo del corriente año, por Arturo McFields embajador de Nicaragua ante la OEA, en una histórica e inédita intervención, en la que demandó la libertad de los presos políticos y denunció al Gobierno como una dictadura de la que muchos funcionarios están cansados», se lee en el documento.
El sexto informe contra la tortura, también destacó que el régimen de Ortega continúa con su política de represión estatal. «En marzo de 2022, el gobierno de Nicaragua sumó 25 organizaciones de la sociedad civil junto a fundaciones y universidades privadas a su práctica represiva, cancelándoles la personería jurídica».
«Al menos 160 organizaciones sin fines de lucro canceladas desde el 2018, por supuestamente incumplir la Ley General Sobre Personas sin Fines de Lucro y Ley Contra el Lavado de Activos, violentando entre otros, el derecho de asociación y participación política consagrados en la Constitución Política y tratados internacionales en Nicaragua», puntualizó.
Wendy Flores manifestó que las denuncias de las víctimas le permiten al organismo de DD.HH. evidenciar «el nivel de brutalidad y de represión qué hay en Nicaragua; permite que vayamos construyendo memoria, que ha sido uno de los objetivos principales que nos hemos fijado dentro del Colectivo».
El Colectivo Nicaragua Nunca Más presentó este sexto informe contra la tortura en el marco de su tercer aniversario, demandando «el cese a la represión estatal en Nicaragua, justicia sin impunidad y reparaciones para todas las víctimas y sus familias».
