Nicaragüenses autoconvocados en Miami, Estados Unidos, están convocando a una marcha para el domingo, 17 de abril, bajo el lema; «Un solo 19 de abril, una sola voz», con el objetivo de llevar un mensaje de apoyo a los ciudadanos que resisten a lo interno del país y recordarle a la comunidad internacional que «Nicaragua no está sola».
Uno de los organizadores de la actividad informó que la marcha partirá de la sede del consulado de Miami a las dos de la tarde. «Por nuestros hermanos asesinados, por nuestros prisioneros políticos. Vamos a llevar con nosotros las fotos de las víctimas y vamos a cargar más de 450 cruces blancas con los nombres de nuestros hermanos asesinados», dijo el convocante a Artículo 66.
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«Por nuestros hermanos que no pueden ondear su bandera y no pueden marchar en la calle, porque no se pueden expresar libremente, por eso es que nosotros marchamos aquí para recordarle a la comunidad internacional, a la comunidad local aquí en Estados Unidos y a todo el exilio que Nicaragua no está sola», manifestó Milton González.
El opositor destaca que «los nicaragüenses en el exilio hemos logrado mucho, se han logrado dos leyes consecutivas, la Nica Act y la Ley Renacer, hemos logrado múltiples sanciones en contra de la tiranía y dos decretos ejecutivos de dos presidentes consecutivos, también se han logrado condenas en las Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos y en el Parlamento Europeo. No paramos de trabajar por el pueblo de Nicaragua, seguimos en la lucha y vamos a continuar en la lucha hasta derrocar la tiranía», manifestó.
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Los exiliados preparan distintas actividades alrededor del mundo como una forma de conmemoración y denuncia a las violaciones de derechos humanos que el régimen de Nicaragua continúa cometiendo. En 2021, la dictadura encarceló a 68 personas, en su mayoría, entre mayo y noviembre, como parte de una arremetida contra los principales liderazgos políticos opositores y de sociedad civil.
De este grupo de referentes de la lucha cívica en abril de 2018, la mayoría fueron acusados por «menoscabo a la integridad nacional» y «propagación de noticias falsas»; 54 han sido condenados con penas de siete a trece años de prisión.
Después de cuatro años, los familiares de los asesinados en las protestas sociales siguen demandando justicia, pero más bien son objeto de asedio, hostigamiento y amenazados con cárcel que a muchos ha obligado al exilio.