La organización Human Rights Watch (HRW) mostró este viernes su rechazo a la reforma legislativa aprobada en El Salvador que endurece el trato a menores que forman parte de pandillas por ser una reforma que “viola garantías básicas del debido proceso y los derechos de niños” en el país.
“El Gobierno de El Salvador debería adoptar medidas respetuosas de los derechos humanos para proteger a la población de la atroz violencia de las pandillas”, afirmó en un comunicado el investigador para las Américas de HRW Juan Pappier.
Para el experto, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha “impulsado leyes excesivamente amplias y punitivas que socavan los derechos fundamentales de todos los salvadoreños”.
HRW reaccionó así a la aprobación el pasado 30 de marzo y 5 de abril en la Asamblea Legislativa del país de una serie de medidas para tratar de recortar la violencia de las pandillas, que permite a los jueces sentenciar a menores de 12 a 15 años a diez años de prisión, y a los mayores de 16 a 20 años de cárcel.
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La reforma establece estas penas para toda persona que participe, facilite o cree cualquier texto, imagen o grafiti que transmita mensajes o haga alusión “explícita o implícitamente” a los diferentes grupos de pandillas que existen en El Salvador.
También penaliza a los medios de comunicación que reproduzcan o transmitan mensajes de pandillas que puedan “generar zozobra y pánico a la población en general”, por lo que HRW denunció también las “restricciones a la libertad de prensa” que suponen las nuevas normas.
“Estas disposiciones son excesivamente amplias y podrían ser utilizadas fácilmente para perseguir penalmente a críticos y periodistas”, agregó en el comunicado la organización de defensa de derechos humanos.
La legislación endurece asimismo las penas de cárcel por colaborar con pandillas, que pasaron a ser de veinte años como mínimo comparado con los tres años estipulados anteriormente.
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Además, esa colaboración pasa a englobar a todo aquel que, sabiendo la ilegalidad de estos grupos, “reciban provecho directa o indirectamente” de relaciones “de cualquier naturaleza”, una definición que según HRW es “vaga y ambigua”, y “podría ser empleada para penalizar a familiares de pandilleros, abogados, periodistas y miembros de la sociedad civil”.
Bukele afirmó ayer que, desde el 26 de marzo, las autoridades han detenido a más de 7.400 personas a las que acusó de ser pandilleros responsables por el aumento de homicidio.
La reforma legislativa se produce después de que el régimen de excepción fuera aprobado por el Parlamento a petición de Bukele, ante el “incremento desmedido” de los asesinatos, que convirtieron al 26 de marzo pasado en el día más mortífero de la historia reciente salvadoreña, con 62 homicidios, atribuidos a las pandillas.
