La dictadura condenó a ocho años de prisión a la aspirante presidencial Cristiana Chamorro Barrios por los supuestos delitos de lavado de dinero, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida.
Estos delitos habrían sido cometidos a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), organización de la cual era presidenta. Cristiana fue condena junto a su hermano Pedro Joaquín, su conductor, Pedro Vásquez;, y el administrador y financiero Walter Gómez y Marco Fletes, extrabajadores de la cerrada Fundación.
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Inició el juicio político contra el gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holmann, acusado de supuesto lavado de dinero. La audiencia se realizó en el interior del Complejo Policial conocido como «El Nuevo Chipote», donde se encuentra encarcelado desde agosto de 2021 desde que el régimen arremetió directamente contra el diario y se tomó las instalaciones del mismo.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) calificó el proceso de «farsa judicial» y subrayó que el preso político de 55 años presenta un «alarmante deterioro en su salud». «Ha perdido 24 libras de peso, tiene una protuberancia en el abdomen, dolor en la ingle, hongos en las manos y pies, problemas cardíacos, presión arterial, y aparentes problemas de próstata».
Los familiares de los presos políticos de «El Nuevo Chipote» lograron verlos por sexta vez entre el 17 y el 19 de marzo. Durante la visita, comprobaron que se siguen vulnerando sus derechos fundamentales; además, de ser sometidos a procesos judiciales arbitrarios, permanecen encarcelados en condiciones completamente inhumanas.
El sociólogo y economista Irving Larios mostró sintomatología asociada al COVID-19 desde el ocho de marzo. La situación del preso político no fue informada a sus familiares y el opositor de 63 años tuvo que permanecer mal de salud y sin atención médica hasta por seis días. Los parientes de Larios demandan que se le otorgue detención domiciliar, debido a las diferentes afectaciones que padece en su salud.
Este día, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer que el opositor Lázaro Ernesto Rivas Pérez, detenido de 2020 en Chontales, fue beneficiario de medidas cautelares por encontrarse en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.
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La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) realizó este día la instalación de su nuevo Consejo Político para el periodo 2022-2023. Los 10 miembros elegidos son parte de las distintas organizaciones que conforman el bloque opositor. A su vez, la UNAB decidió dejar los nombres de los cuatro presos políticos que integraban el Consejo antes de su arresto arbitrario: Tamara Dávila, Róger Reyes, Álex Hernández y José Antonio Pera
El nuevo Consejo Político trabajará en ejercer presión nacional e internacional, acompañar a la ciudadanía en las acciones contra el régimen y mantener vivas las voces de las víctimas, entre otros propósitos.