La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo condenó a ocho años de prisión a la aspirante presidencial Cristiana Chamorro por los supuestos delitos de lavado de dinero, bienes y activos, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida. Estos delitos habrían sido cometidos a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), organización de la cual era presidenta.
Cristiana fue condena junto a su hermano Pedro Joaquín; Pedro Vásquez, su conductor; Walter Gómez, administrador y Marco Fletes, el financiero, los últimos tres eran trabajadores de la extinta Fundación que cerró ante la imposición del régimen de inscribirse bajo la Ley de Agentes Extranjeros, una herramienta jurídica de Ortega y Murillo para controlar y limitar el financiamiento a las organizaciones no gubernamentales nicaragüenses. Pedro Joaquín fue condenado a nueve años, siete para Vázquez; 14 años para Gómez y Fletes.
Según la acusación de la Fiscalía, al servicio de la dictadura, la hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro usaba la organización para «financiar a organismos y personas, para que desestabilizaran el desarrollo económico del país, difundiendo noticias falsas en contra del Gobierno de Nicaragua».
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Durante el juicio, que según los abogados defensores estuvo plagado de irregularidades y nulidades, desfilaron una serie de testigos como policías y periodistas. La acusación se basó en el apoyo que la organización entregó por varios años a los medios de comunicación independientes.
El caso contra la Fundación salpica a los medios de comunicación independientes como Radio Voz, Radio Darío, Despacho 505, Actualidad con Dino Andino, NotiMat, Radio TV Merced y Radio Stereo Romance, entre otros. Todos ellos supuestamente habrían sido beneficiados por el «Programa de Medios Nicaragua» que ejecutaba la FVBCH con los periodistas nicaragüenses.
El programa consistía, según la acusación de la justicia del régimen, en la entrega de financiamiento para la compra de equipos, capacitación técnica y posterior funcionamiento de los medios de comunicación.

Según el documento, después de recibir el desembolso para equipos, capacitación y funcionamiento, los medios de comunicación reciban de la Fundación «una agenda para que atacaran al Gobierno y al Ejército… para que desestabilizaran el desarrollo económico del país».
En el libelo acusatorio se señala a Marco Fletes y Walter Gómez, contador y administrador respectivamente, de solicitar a terceros el cambio de cheques de la Fundación.
El proceso judicial inició el tres de marzo y culminó el viernes, 11, se celebró en la Dirección de Auxilio Judicial, en Managua, conocida como «El Nuevo Chipote», donde también están cautivos más de 30 rehenes de conciencia.
Chamorro era la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las presidenciales del 7 noviembre pasado, en las que Ortega fue reelegido para su quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.