La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM Defensoras), por medio de una campaña digital, demanda al régimen de Daniel Ortega que libere a las mujeres presas políticas, pues aseguran que las opositoras «no han cometido ningún delito». Al mismo tiempo, exigen que se respeten los derechos de las mujeres activistas.
En sus redes sociales, la organización defensora de las mujeres en México y Centroamérica demandó bajo el hashtag «Que Las Liberen» el respeto a los derechos humanos de Nidia Barbosa, Violeta Granera, Dora María Téllez, Samantha Jirón, Esperanza Sánchez, Suyen Barahona, Karla Escobar, Cristiana Chamorro, Evelyn Pinto, Ana Margarita Vijil, Tamara Dávila y María Oviedo, las lideresas presas políticas del orteguismo.
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Destacan que las féminas «no han cometido ningún delito, están presas por ejercer su derecho a participar en la construcción de una Nicaragua más justa e igualitaria». Insisten en que Ortega debe liberar de inmediato a las mujeres encarceladas junto a las demás personas presas políticas.
En el caso de Granera, quien es la presa política con mayor edad, denuncian que «desde abril de 2018 ha estado muy activa en la articulación y organización de las protestas ciudadanas, siendo víctima de hostigamiento y vigilancia policial, campañas de odio, agresiones y amenazas de muerte, por lo que la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) le otorgó medidas cautelares en agosto de 2019. Violeta es parte del Consejo Político de la Unidad Azul y Blanco y coordinadora del Frente Amplio por la Democracia».
«En marzo de 2022, tras una farsa de juicio sin las mínimas garantías procesales, Violeta fue condenada a ocho años de cárcel por un supuesto delito de “conspiración para el menoscabo a la integridad nacional”. Lleva más de 50 días privada de recibir visitas de sus familiares. tiene 70 años y, al igual que las otras compañeras presas políticas, ha estado enfrentando condiciones muy severas de privación de libertad que ponen en riesgo su salud y su integridad», añade el organismo defensor internacional.
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Por otra parte, denuncian que a Cristiana Chamorro la encarcelaron por «postularse como candidata a una elecciones no es delito, tanto Cristina como las otras personas integrantes de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro que han sido injustamente criminalizadas deben ser liberadas. En enero de 2021, Cristiana Chamorro anunció sus aspiraciones de postularse a candidata presidencial y desde entonces el gobierno de Daniel Ortega ha desatado una campaña de difamación y hostigamiento contra ella y su familia», afirman las defensoras.
Distintas organizaciones han solicitado que se respeten los derechos de las rehenes del régimen y que sean puestas en libertad, pues aseguran que «no han cometido ningún delito», por el contrario solo han denunciado las acciones represivas del régimen.
