Samantha Power, administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), sostuvo que el proceso judicial contra los extrabajadores y exdirectivos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) es una «farsa orquestada por el régimen de Ortega Murillo».
Además, la funcionaria estadounidense destacó el constante trabajo de la FVBCH en la defensa del acceso a la información pública y el fortalecimiento del periodismo independiente en Nicaragua.
A través de un tuit, Samantha Power, en representación de USAID, mostró su respaldo a la FVBCH. La organización de EE. UU. era el principal donante de la Fundación; alrededor del 80 % de las donaciones que recibía el organismo nicaragüense provenían de esa agencia.
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Power denunció que con los juicios políticos la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo pretenden «silenciar a la sociedad civil y los medios» de comunicación en Nicaragua.
El 11 de marzo, el juez Noveno de Distrito Penal de Juicios de Managua, Luden Martín Quiroz García, dictó fallo de culpabilidad contra cinco extrabajadores de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH). La lectura de sentencia está programada para el próximo 21 de marzo.
Según detalló el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la Fiscalía solicitó ocho años de prisión para Cristiana Chamorro, 13 para los extrabajadores de la FVBCH, Walter Gómez y Marcos Fletes; siete años para Pedro Vásquez, conductor de la exaspirante a la Presidencia, y nueve para Pedro Joaquín Chamorro, hermano de Cristiana.
El proceso judicial que inició el tres de marzo y culminó el viernes, 11, se celebró en «El Nuevo Chipote», donde también están cautivos más de 30 rehenes de conciencia.
En nueve días que duró el «maratónico juicio», la Fiscalía de Ortega no pudo demostrar el origen «sucio del dinero» destinado a la Fundación.
En entrevista para el programa Esta Semana, el abogado Maynor Curtis manifestó que el fiscal presentó una gran cantidad de documentos para apoyar los testimonios de las 30 personas que desfilaron ante el juez como «testigos», que en su mayoría eran policías. Pese a ello, según el defensor, no se logró demostrar la culpabilidad de los reos de conciencia.
Reveló que «el problema que se presentó para la Fiscalía y la demostración del delito de lavado dinero era que no podían demostrar el origen sucio del dinero; porque a pregunta de una de las defensas al mismo perito de la Dirección de Investigación Económica le preguntó directamente: ¿el dinero de USAID, es dinero sucio? y él dijo: no».
