El Departamento de Estado de Estados Unidos agregó a nueve funcionarios del régimen de Nicaragua a la lista de actores corruptos y antidemocráticos «por socavar los procesos democráticos».
La Ley de Reforzamiento de la Adhesión de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral de 2021, conocida como Ley Renacer, aprobada con amplio apoyo bipartidista y firmada por el presidente Joseph Biden en noviembre de 2021, amplió la lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos para incluir a Nicaragua.
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Los sancionados son los diputados sandinistas Gustavo Porras, Edwin Castro, Wálmaro Gutiérrez y Wilfredo Navarro; la presidenta del PLC, María Haydée Osuna; la jueza Karen Chavarría y magistrados electorales Brenda Rocha, Cairo Amador y Lumberto Campbell.
Los funcionarios no son elegibles para visas y admisión a los Estados Unidos.
El régimen destituyó al diplomático Valdrack Jaentschke como ministro consejero con funciones consulares de la Embajada de Nicaragua en Honduras. Según un acuerdo ministerial, su despojo se puso en marcha desde el 21 de de febrero del presente año.
El régimen orteguista no especificó las causas de su «nueva movida». El exvicecanciller duró en el cargo tres meses. Jaentschke es el diplomático nicaragüense que ha acumulado más cargos en el exterior y llegó a ostentar hasta 16 puestos al mismo tiempo hasta marzo de 2019.
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo nacionalizó a tres cubanos, entre ellos Teudis Román Cuevas Gelis, un ciudadano de Cuba que vive en Matagalpa y está casado con una nicaragüense desde 2013, según consta en publicaciones de sus redes sociales.
Una publicación de Granma de 2006, el diario oficial de la dictadura cubana, explica que Cuevas es ingeniero y fue parte de la delegación de cubanos en «Operación Milagro» en Haití.
También se otorgó la nacionalidad nicaragüense a dos cubanos más: Francisco José Merladet Guillén y Argimiro Ojeda Vives, este último es asesor técnico del Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC) desde el año 2013 hasta la actualidad.
El presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) y obispo de Jinotega, monseñor Carlos Enrique Herrera, confirmó que las maltrechas relaciones entre la Santa Sede y la dictadura de Daniel Ortega son la razón de la salida del nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag.
En declaraciones a medios televisivos, el jerarca católico señaló que, por órdenes del papa Francisco, Sommertag dejó al secretario en la función de diplomático hasta que se nombre un nuevo nuncio apostólico.
Monseñor añadió que «últimamente no se han tenido buenas relaciones (…) Y si no hay comunicación, de qué sirve a Sommertag estar en esta función, como diplomático».
El preso político Alexis Peralta, originario de Condega, Estelí, fue condenado a 11 años de prisión más el pago de una multa de 32 mil córdobas por supuesta «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional» y ciberdelito.
La condena contra el opositor se basó en publicaciones de tuits en contra de la dictadura de Nicaragua. A pesar de que su perfil de Twitter contaba con apenas 16 seguidores y su alcance es mínimo, la justicia de Ortega lo señala de «propagación de noticias falsas a través de la tecnología de la información y la comunicación».
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Por otro lado, el juicio político contra los exdirectivos y extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) llegó su quinto día este miércoles. El proceso, señalado de «farsa y maratónico», se realiza en las instalaciones del Complejo Policial Evaristo Vázquez, mejor conocido como «El Nuevo Chipote».
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) reveló que, al igual que los días anteriores, se han registrado las mismas ilegalidades, en las que destaca la participación de ocho agentes de la Policía como supuestos testigos.
