El Departamento de Estado de los Estados Unidos designó nuevas sanciones, a través de la Ley Renacer, contra nueve altos funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La administración de Joe Biden incluyó en la lista a jueces, magistrados electorales, diputados oficialistas y parlamentarios colaboracionistas. Estas fichas son señaladas de «socavar los procesos democráticos», de defender injusticias e imponer su ley en los juicios políticos,
Entre las nuevas designaciones se encuentran el diputado Wilfredo Navarro, férreo defensor de la pareja dictatorial de Nicaragua, y la presidenta del Partido Liberal Constitucionalista, María Haydée Osuna, encargada de liderar la ilegalización del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL).
Noticia relacionada: Sanciones debilitan a Ortega a «largo plazo» obligándolo a «mover sus fichas», asegura experto
La lista la completan los magistrados electorales Brenda Rocha, Cairo Amador, Lumberto Campbell; los diputados oficialistas Edwin Castro, Gustavo Porras, Wálmaro Gutiérrez y la juez Karen Chavarría. Estos son los primeros funcionarios nicaragüenses incluidos en la Lista Engel, normativa que se aplica a personas vinculadas con actos de corrupción y ataques a la democracia en Centroamérica.
«El gobierno de Estados Unidos está profundamente preocupado por la injusticia y la falta de transparencia que se muestran en los juicios de los presos políticos en Nicaragua», informó el Departamento de Estado en un comunicado de prensa emitido la tarde de este miércoles, nueve de marzo.
Los funcionarios del Consejo Supremo Electoral (CSE) se encuentran en el grupo de corruptos por «conspirar con el régimen de Ortega-Murillo para socavar las instituciones políticas de Nicaragua y subvertir las elecciones nacionales de noviembre de 2021 al descalificar a los partidos y candidatos legítimos de la oposición por motivos espurios».
Noticia relacionada: Nicaragua, en lista gris del GAFI: «Nadie cree en las patrañas del régimen contra el lavado de dinero»
El Departamento de Estado de Estados Unidos designó a Osuna Ruiz por conspirar con el régimen para subvertir las elecciones generales en el país al firmar una denuncia espuria que sirvió de pretexto para que el gobierno descalificara al último partido de oposición legítimo que quedaba y perseguir a su líder (Kitty Monterrey) hasta el exilio, expresa el documento.
«Continuaremos utilizando todas las herramientas a nuestra disposición para promover la rendición de cuentas por corrupción y otros ataques a la seguridad, la estabilidad y las aspiraciones democráticas de los pueblos de Centroamérica. Apoyamos al pueblo de Nicaragua en su lucha por restaurar las instituciones democráticas, elegir a sus líderes en elecciones libres y justas y crear el futuro que desean para ellos y sus familias», finaliza el comunicado.
La jueza Karen Chavarría, quien ordenó la captura contra Cristiana Chamorro, también fue incluida a la lista negra por «abuso de autoridad y subvertir el proceso judicial y policial». Chavarría ha condenado a más de 50 presos políticos desde la rebelión de 2018.
A partir de las protestas cívicas, Chavarría tomó un papel más relevante dentro del aparato de represión del poder judicial de Nicaragua. Antes se desempeñaba como jueza del octavo penal de audiencia, pero en julio de 2018 sustituyó a la jueza Indiana Gallardo. A inicios de 2021, Chavarría fue reconocida por el Poder Judicial «por su destacada labor y compromiso con el fortalecimiento institucional».