La justicia orteguista declaró culpable al opositor Irving Larios, de 62 años, tras un juicio político que presentó una serie de irregularidades e ilegalidades procesales, según denuncia de abogados defensores de presos políticos. La Fiscalía pidió una pena de 13 años de cárcel y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) calificó el proceso judicial de la dictadura Ortega-Murillo como «sesiones de torturas» y demandó la liberación del sociólogo y rehén de conciencia detenido hace más de cinco meses. El fallo de culpabilidad estuvo a cargo de la Jueza Décimo Distrito Penal de Juicios, Nancy Aguirre Gudiel.
El líder opositor fue detenido arbitrariamente el 20 de septiembre de 2021 por la Policía de Nicaragua que lo señala de violar la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos, la misma herramienta jurídica que ocupa para judicializar a más de 30 activistas que están encarcelados desde finales de mayo en el contexto electoral.
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Larios también es economista y sociólogo, tiene 62 años y es presidente de Instituto de Investigaciones y Gestión Social (INGES). Esa entidad facilita y acompaña procesos de participación ciudadana, equidad de género, cambio generacional y la concertación de acciones para el desarrollo.
Más de 30 líderes opositores han sido declarados culpables por la justicia del régimen, la mayoría fueron señalados de «conspiración para el menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua». La Fiscalía ha pedido penas de entre ocho y 14 años de prisión, misma que es impuesta por los jueces orteguistas.
El opositor es parte de los 40 presos políticos encarcelados meses previos a las elecciones generales del siete de noviembre de 2021. Además, el régimen ordenó la cancelación de la personalidad jurídica a la organización que dirigía, previo a su detención. Esa acción es parte de la embestida de la dictadura contra la libertad de asociación en el país.
Según el Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas, la dictadura ha encarcelado a más de 170 opositores, les ha fabricado cargos y las detenciones fueron ilegales y arbitrarias. Los han condenado a varios años de prisión por alzar su voz en contra de la dictadura.
