Los líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) iniciaron este viernes una cumbre por videoconferencia, convocada de urgencia ante la situación en Ucrania. Los miembros decidieron desplegar las Fuerzas de Respuesta Rápida para aumentar la defensa de los aliados. El despliegue será por tierra, mar y aire para responder a «cualquier contingencia».
Por su parte, la Unión Europea (UE) incluyó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y a su ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, a la lista de sancionados por la invasión en Ucrania. 21 países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) presentaron, a su vez, una declaración que condena enérgicamente la invasión y la calificaron de «ilegal, injustificada y no provocada».
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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó que sostuvo una conversación con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, en la que acordaron el endurecimiento de las sanciones contra Rusia, asistencia a la defensa concreta y una coalición contra la guerra. El país norteamericano anunció que impondrá sanciones económicas contra Putin y su canciller.
Posterior, el presidente Biden se unió a la cumbre de emergencia de la OTAN. El portavoz de la diplomacia estadounidense, Ned Price, afirmó que la oferta de Rusia de mantener negociaciones con Ucrania es poco seria.
La pareja dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo guarda silencio sobre la «reunión» que sostendría con el alto funcionario ruso, Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma Estatal (Cámara Baja) de Rusia. Volodin arribó a Nicaragua ayer, 24 de febrero, en medio de la invasión a Ucrania.
En Managua se reunió con funcionarios de entidades gubernamentales y diputados ante la Asamblea Nacional, y por la tarde sostendría un encuentro con Ortega. Sin embargo, 24 horas después, el funcionario ruso «desapareció» del discurso oficialista por motivos no detallados.
Organizaciones opositoras nicaragüenses enviaron una carta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la que le piden «no abandonar al pueblo de Nicaragua, y los principios y aspiraciones de toda una nación que anhela vivir en libertad y democracia».
En la carta, suscrita por 23 organizaciones opositoras, hacen referencia a la decisión de su Gobierno de abstenerse de apoyar la declaración suscrita por 27 Estados de la OEA que demandaron la libertad inmediata de todos los presos políticos de Nicaragua. Le recordaron que «es importante que México se coloque en el lado correcto de la historia».
El embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, celebró que los presos políticos Edgard Parrales, Mauricio Díaz, Francisco Aguirre, Arturo Cruz y José Pallais se encuentren «al menos» en sus casas bajo el cuido de su familia, luego que el régimen les otorgara casa por cárcel debido al deterioro en su salud provocado por el encierro. El diplomático indicó que «sin duda son pasos positivos no solo para ellos, sino también para todos».
Asimismo, este viernes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, condenó los juicios políticos en Nicaragua. El funcionario de la Casa Blanca dijo que«los jueces nicaragüenses condenaron a los candidatos presidenciales que Ortega y Murillo no quisieron enfrentar en las urnas.
Ahora, junto con los periodistas, la sociedad civil y los activistas, están siendo condenados a años de prisión, encarcelados por un régimen que no respeta el Estado de derecho ni los derechos humanos».
El expresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) Roberto Rivas Reyes que se encuentra en riesgo de muerte, «a punto de colapsar». Fuentes médicas revelaron a Artículo 66 que Rivas «sigue vivo, pero no va a vivir mucho tiempo, (porque) solo uno de sus riñones está funcionando con mucha dificultad».
Detalló que los familiares del exfuncionario «no quieren autorizar que lo desconecten», pero él tiene un sinnúmero de enfermedades y el COVID-19 terminó de afectar su salud.
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Un joven rivense de nombre Martín Chavarría, de 28 años, falleció de hemorragia provocada por la extracción de las muelas de juicio, según sus familiares. Relatan que, el 19 de febrero, Chavarría llegó a una clínica privada del departamento de Rivas donde fue atendido por la doctora Kristabel Dávila.
La extracción de las cordales duró al menos cuarenta minutos, cuando la odontóloga maxilofacial les dijo que debían comprarle ciertos medicamentos al joven para tratar su «sangrado masivo». Sin embargo, el caso empeoró por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital. Cuatro horas después, el paciente falleció. Sus familiares responsabilizan a la doctora y la acusan por «negligencia médica».