La Asamblea Nacional, controlada por el partido de Gobierno, inició el 15 de febrero un proceso de revisión y consulta sobre las leyes usadas contra opositores encarcelados en el contexto electoral, normas calificadas de «represivas e ilegítimas».
En una reunión llevada a cabo el 11 de febrero, los diputados miembros de la Comisión de Justicia y la Comisión de Gobernación de la Asamblea Nacional acordaron «analizar» las principales normas de carácter penal. Según el Parlamento, el objetivo es «identificar si el marco jurídico en esta materia requiere ajustes para continuar fortaleciéndolo».
Las leyes que estarían «analizando» son la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, Ley Especial de Ciberdelitos, Ley de Defensa de la Soberanía y la reforma al Código Procesal Penal que permite mantener a una persona detenida «bajo investigación» hasta por 90 días.
Las consultas se realizarán entre las mismas instituciones al servicio de la pareja dictatorial. El 15 de febrero participaron representantes del Departamento de Asesoría Jurídica de la Policía Nacional, quienes, según la Asamblea, consideraron que «la legislación en dicha materia está completa». La Policía solo habría llegado a presentar un informe de los encarcelamientos.
El 16 de febrero, los diputados recibieron al Ministerio Público. La institución sancionada justificó su aplicación contra las voces críticas de la dictadura y señaló que las leyes combaten los «crímenes de odio» y el «menoscabo a la soberanía y la integridad nacional».
El 17 de febrero, llegó a sentarse la representación de la Inspectoría General con la que abordaron la aplicación del Código Penal y el Código Procesal Penal. La Inspectoría respaldó la «arbitraria» reforma que amplió de 48 horas a 90 días los plazos de investigación.
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El proceso culminará el 7 de abril y en la lista de consultados se incluye a la Corte Suprema de Justicia, Procuraduría de Derechos Humanos, personas consideradas por el régimen de Daniel Ortega como «víctimas de los crímenes de odio» y estudiantes. La Asamblea no especifica si se refiere a la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN) al servicio del régimen.
El proceso es «nulo e ilegal»
El abogado José Antonio López, miembro de la organización Defensores del Pueblo, explicó a Artículo 66 que todo lo que se haga es «ilegal, nulo e inexistente» desde el punto de vista jurídico legal porque «existen recursos de inconstitucionalidad (en contra de esas leyes) que la Corte Suprema de Justicia ya los tiene en trámite».
El defensor de presos políticos añadió que, inclusive, la Asamblea Nacional, la Procuraduría General de la República y la Presidencia de la República ya enviaron sus informes a la Corte Suprema de Justicia sobre el caso.
«Si querés vender una imagen de que aquí se respeta el Estado social de derecho no podés estar transmitiendo reformas a unas normas que están recurridas de inconstitucionalidad. Priori tempo priori iuris: primero en tiempo, primero en Derecho», refirió López.
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«Solo con la Ley de Ciberdelitos hay 30 periodistas recurriendo de inconstitucionalidad. Es decir, estas normas no tienen la legitimidad que la ley ordena para que hayan entrado en vigencia sin haber sido recurridas de amparo y de inconstitucionalidad. Tengo entendido que la Asamblea tiene asesores legales y ellos saben muy bien que lo que en derecho correspondería es que primero la Corte Suprema de Justicia conteste los recursos de inconstitucionalidad», indicó.