Con 70 votos a favor, 14 en contra y cinco abstenciones fue aprobada este lunes, 21 de diciembre, la normativa de Daniel Ortega denominada «Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz», que busca inhibir a toda costa y desesperación que cualquier opositor opte a cargos de elección popular.
La nueva ley fue aprobada en la sesión extraordinaria convocada 16 de diciembre para realizarse en periodo de receso parlamentario. La iniciativa fue enviada con carácter de urgencia el viernes, 18 de diciembre, por los operadores del presidente Daniel Ortega, y fue incluida en agenda a lo inmediato por la Asamblea Nacional, controlada por el partido gobernante, en una movida para concretar las ansias del Ejecutivo de apartar del frente a toda competencia de cara a las elecciones de noviembre de 2021, bajo el argumento de considerarlo como «terrorista», «golpista», financiador del «terrorismo» y/o quien celebre sanciones contra el régimen.
Los parlamentarios de Ortega aprovecharon para agregar a la iniciativa el calificativo de «traidores a la Patria» a quienes promuevan las sanciones o realicen acciones que el Gobierno considere «golpistas».
El único artículo declara que «los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y todos los que lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico, serán «Traidores a la Patria», por lo que no podrán optar a cargos de elección popular, esto sin perjuicio de las acciones penales correspondientes establecidas en el Código Penal de la República de Nicaragua para los «Actos de Traición», los «Delitos que comprometen la Paz» y los «Delitos contra la Constitución Política de la República de Nicaragua».
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La ley presentada por los diputados Gustavo Porras, Edwin Castro, Wilfredo Navarro Moreira, Maritza del Socorro Espinales y Loria Raquel Dixon argumenta que la normativa tiene por objeto «hacer prevalecer el principio constitucional de la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional, así como la no injerencia en los asuntos internos del pueblo nicaragüense».
El sandinista Gustavo Porras declaró que «El que se ponga alguien a decir “Que venga la intervención”, eso es un delito contra la Constitución, es un delito por traición; y si se ponen hacer tranques de la muerte ¡Eso es terrorismo! Y quieren andar levantando la bandera porque son candidatos», dijo el sancionado Gustavo Porras.
PLC vota en contra
«Se habla de terrorismo, de organizaciones en los crímenes, de todas esos tipos de cómo han tildado a la oposición en el país. Nosotros somos nicaragüenses, los jóvenes en el exilio son nicaragüenses, los que están en la tumba también sufrieron (…) No debemos alarmarnos con un artículo más, prohibiendo y tildando a la mayoría, a un 80 por ciento en el país, como terrorista», expresó la diputada liberal Adilia del Pilar Salinas.
El diputado liberal Maximino Rodríguez reprochó que la ley «no tiene absolutamente nada de urgencia, máxime cuando estamos hablando de una iniciativa que discrimina a los nicaragüenses solo por el hecho de no pertenecer a la oligarquía gobernante».
«Quiero recordarles a los honorables diputadadas y diputados que para ser Presidente de la República, para ser Vicepresidente, Diputados, Diputadas, Alcaldes, Alcaldesas, están contempladas en la Constitución Política y en la Ley 331, Ley Electoral. Mas bien creo que la Primer Secretaría debió rechazar de plano, una iniciativa que va en contra de la primacía de las leyes ¡Y no les gusta señores de la Junta Directiva! pero es así».
El diputado Jimmy Blandón agregó que la iniciativa es inconstitucional al violar los artículos 47, 48, 147, 171 y 178 de la Constitución Política. «Una ley ordinaria no puede superar el ordenamiento jurídico constitucional y en consecuencia, no tendría la validez para que pueda ser apllicada (…) La soberanía del pueblo se ejerce a través del sufragio universal, la decisión de determinar quiénes serán sus autoridades; en consecuencia es una responsabilidad del pueblo de tomar esa determinación».
Esta ley se suma a la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros que también permite a la dictadura definir quién es considerado un «agente extranjero» y con ello también quedan imposibilitados de competir por cargos de elección popular.
