Defensoras de los derechos humanos y de la mujer interpusieron este viernes, 11 de diciembre, un recurso por inconstitucionalidad en contra de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, norma del régimen de Daniel Ortega que pretende fiscalizar los recursos y participación de los Organismos No Gubernamentales (ONG), organizaciones y activistas en los procesos políticos del país.
El recurso fue interpuesto por la doctora Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), y las defensoras Sofía Montenegro y Azahalea Solís, integrantes del Movimiento Autónoma de Mujeres (MAM) quienes se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para recurrir por inconstitucionalidad en contra de los titulares de los órganos que emitieron la Ley, en este caso el sancionado presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras y el mandatario Daniel Ortega.
«Ellos dos son los responsables de las amenazas que se ciernen sobre la población nicaragüense en general con la aprobación de esta ley. Esa ley tiene nombre y apellido, es dirigida a tratar de destruir la participación ciudadana a través de las ONG sin fines de lucro porque las está obligando a que se vayan a inscribir, que se confiesen culpables de un hecho de connotación perversa», explicó la doctora Núñez.
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El recurso argumenta que la llamada «Ley Putín» es violatoria de unos 27 artículos de la Constitución Política de Nicaragua y tratados internacionales. Núñez explica que el término «agente extranjero tiene una connotación gravísima. Si no está amparado por las leyes diplomáticas, no representa un organismo internacional, lo está vinculando con espionaje, comisión de crímenes de otra naturaleza. Quiere convertir en delincuentes a los miembros de las ONG y criminaliza el financiamiento internacional para el trabajo de defensa de los DDHH».
El trato «discriminatorio, intimidatorio y obstaculizador» del régimen de Ortega en contra de los recurrentes también se esparce al Poder Judicial, donde se les obligó a permanecer de pie en la intemperie, durante una hora, a la espera de ser recibidas, denunció Núñez.
«Esto es lo más nefasto que te podés imaginar de un Poder Judicial que niegue el acceso inmediato, además que con ese procedimiento, la Corte está violando otras normas» como la atención a las personas de la tercera edad y personas con discapacidad, señaló la defensora de derechos humanos.
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«Se ve el involucramiento del Poder Judicial en la represión desatada por esta dictadura», dijo, denunciando que el secretario Rubén Montenegro ni siquiera quiso atenderlas, y en cambio, designó a dos trabajadores de menor rango que «no sabían ni lo qué estaban recibiendo». Tras ser atendidas, en las afueras del Complejo se apostaron oficiales de la Policía como parte del hostigamiento que el régimen aplica contra opositores. Al momento, la Ley de Agentes Extranjeros acumula unos 12 recursos por inconstitucionalidad, indicó.
