Al menos 27 delegaciones de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) suscribieron una declaración donde demandan que «todos los presos políticos de Nicaragua deben ser liberados inmediatamente» y se «expresaron profundamente consternados» por la muerte del exguerrillero Hugo Torres Jiménez, que murió mientras estaba bajo custodia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En la redacción de la declaración participaron y suscribieron los siguientes países: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Suriname, Uruguay, Venezuela y Trinidad y Tobago.
«Estamos profundamente consternados por la muerte del ciudadano nicaragüense Hugo Torres (ocurrida en Nicaragua el 12 de febrero), quien era preso político y que había sido arrestado el pasado junio (2021) y mantenido en condiciones inhumanas, al igual que muchas otras personas encarceladas por sus opiniones políticas. Las circunstancias de su detención y prematura muerte constituyen una dolorosa injusticia tanto para él como para su afligida familia, y una afrenta a los valores que defienden nuestras naciones», reza el documento.
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El documento señala que el organismo regional ha adoptado diversas resoluciones desde junio de 2018 por la grave crisis de derechos humanos de Nicaragua. Además, recuerdan que han ofrecido asistencia a la dictadura de Daniel Ortega para «remediar esta situación», pero no han recibido respuesta de Managua.
«Cuando los Estados Miembros de la OEA aprobaron la Carta Democrática Interamericana en 2001, acordaron que la democracia es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de nuestra región, y en ella se comprometieron a colaborar en la defensa de la democracia, allí donde sus valores y principios fundamentales se hayan derrumbado», destaca.
Situación de Nicaragua es un «desafío»
Los embajadores consideran que la situación de Nicaragua constituye un desafío a los principios y valores de la OEA. «Nuestra Organización y nosotros sus Estados Miembros no podemos mostrarnos complacientes sin hacer nada. Ninguno de nosotros puede permanecer en silencio ante la tragedia que se está produciendo en Nicaragua, donde se intensifica el sufrimiento humano a medida que se ignoran, erosionan o se violan los derechos políticos, civiles y humanos que tanto valoran todas nuestras naciones», enfatizan.
«Consideramos que la continua detención de presos políticos constituye una grave violación de esos derechos a los que todos los Estados Miembros de la OEA han declarado su adhesión. Unidos alzamos nuestras voces en muestra de solidaridad con el pueblo de Nicaragua, con las víctimas de los abusos a los derechos humanos y con los miembros de sus familias; y, al hacerlo, reiteramos nuestra firme convicción de que todos los presos políticos de Nicaragua deben ser liberados inmediatamente», añaden.
Estados Unidos, Costa Rica y Venezuela urgen liberar a los presos políticos
El representante permanente de Estados Unidos ante la OEA, Ronald Sanders, puso en el tapete el encarcelamiento del exdiplomático Edgard Parrales que fue embajador de Nicaragua ante ese organismo y Ortega lo mandó a aprehender por criticar la decisión de Managua de abandonar el órgano regional y denunciar la Carta Democrática Interamericana.
«Estos procesos carecen del debido proceso y no serían tolerados en otros tribunales de otros países. Nos unimos a este llamado para poner fin a estos enjuiciamientos y liberar a estas personas arrestadas de manera arbitraria debido a sus opiniones políticas», dijo el funcionario estadounidense.
«No debemos a escatimar esfuerzos para la pronta liberación de estas mujeres, hombres y jóvenes, todos ciudadanos de la patria de Rubén Darío y reiterar enérgicamente a Nicaragua que respete y proteja efectivamente los derechos de todas las personas; en línea con sus obligaciones internacionales adquiridas de forma libre y soberana en materia de derechos humanos», dijo Christian Guillermet Fernández, vicecanciller de Costa Rica.
Gustavo Tarre, embajador de Venezuela, manifestó que la dictadura nicaragüense no ha dado señal de tener intención alguna de buscar una solución a la crisis causada por Daniel Ortega.
«Ha pasado un mes desde que el secretario general (Luis Almagro) notificó al Consejo Permanente De sus esfuerzos lamentablemente infructuosos por obtener el compromiso del gobierno de Nicaragua de aceptar una misión de buenos oficios de alto nivel para buscar reformas democráticas en ese país», señaló.