Con 70 votos a favor, 16 en contra y cuatro abstenciones fue aprobada la Ley Especial de Ciberdelito, conocida como Ley Mordaza del régimen de Daniel Ortega, ampliamente cuestionada por pretender limitar el derecho a la libertad de expresión y de prensa. La ley castiga con multas y hasta con cárcel lo que el gobierno pudiera considerar «difusión de noticias falsas».
Con el mismo apuro para aprobar otras leyes represivas en periodo preelectoral, los diputados de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) dictaminaron favorablemente la normativa el jueves, 22 de octubre, para ser aprobada la mañana de este martes por la aplanadora del régimen.
«¿Cómo vamos a estar en contra de la tecnología?», dijo el diputado sandinista José Antonio Zepeda durante el debate, ejemplificando que el gobierno instaló wifi en algunos parques públicos. Zepeda dejó en claro que la ley fue pensada contra opositores, argumentando las razones planteadas por la pareja presidencial. «Filmaron los asesinatos, ahí están a las pruebas y ese es un ciberdelito y amenazaron usando las redes sociales», manifestó Zepeda en referencia a las protestas antigubernamentales de 2018.

El diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez defendió la ley de Ortega señalando que «se ha venido a tergiversar y manipular el concepto de la información y el concepto de la opinión. No hay ni una sola palabra que tenga que ver con la libertad de expresión (en la ley). Lo que se está protegiendo es que los y las nicaragüense tengamos acceso a la información veraz (…) No está sujeto a ningún tipo de censura (…) Los que mienten se declaran perdedores porque la verdad no les asiste».
Es una «ley necesaria y los únicos que pueden estar en contra son aquellos que están fomentando el odio, desinformación, destrucción y la muerte. Y a esos le estamos diciendo nunca más lo volverán hacer en este país», declaró, en un discurso idéntico al de la vicedictadora Rosarías Murillo.
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«El que no la debe, no la teme», dijo por su parte el jefe de la bancada sandinista, Edwin Castro, quien indicó que la ley está acorde con nuestra Constitución y Convenios Internacionales.
«Quienes relinchan ante las tipificaciones penales son los delincuentes. Votar en contra de esta ley es hacer apología del delito; es situarse en ese margen estrecho de apañar al menos a los delincuentes. Si no, a lo mejor, ser parte de la delincuencia nacional. Además, se han quedado rezagados en el tiempo que por pensar en que por mentir, mentir y mentir, la mentira se va a convertir en verdad. Con orgullo vamos a votar por esta ley», detalló Castro.

Los operadores del gobierno también mostraron su molestia contra la comunidad de hackers mundiales llamado Anonymous, popular por los ataques cibernéticos contra las webs del gobierno. «Atentan contra la vida del pueblo (…) No podemos permitir el abuso de las tecnologías», declararon. «Ya nunca más odio en las redes sociales», acotó por su parte el diputado sandinista Carlos Emilio López.
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La iniciativa fue dictaminada por los legisladores sandinistas de las comisiones de Educación Cultura, Deportes y Medios de Comunicación Social; la de Infraestructura y Servicios Públicos, y la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos. El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) se opuso al dictamen mediante un voto razonado al dictamen favorable que emitieron los sandinistas
«Esta iniciativa tiene nombre y apellido, es para reprimir a quienes consideren que el gobierno está yendo por el camino equivocado, por eso la bancada del PLC (…) Hemos manifestado en un voto razonado que nos oponemos en la totalidad de cualquier iniciativa que vaya en detrimento de los derechos», dijo el jefe de la bancada liberal, diputado Maximino Rodríguez.