En el juicio político contra el periodista Miguel Mora el Ministerio Público de Nicaragua usó como «testigos» a cuatro policías que participaron en el allanamiento a la casa del propietario de 100 % Noticias.
La acusación retomó supuestos delitos que el comunicador cometió de 2019 a 2021, incluso encargaron a un oficial para que «vigilara» la cuenta de Twitter de Mora un «informe pericial de redes» con cinco tuits sobre las sanciones Suiza, Estados Unidos y la Unión Europea a funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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La jueza Nadia Camilla Tardencilla impuso la pena de 13 años de cárcel al periodista por el delito de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional». El exdirector del canal 100% Noticias también fue inhabilitado para ocupar cargos públicos y la condena será cumplida hasta el 30 de agosto de 2034, según la sentencia judicial en poder de Artículo 66.
«En el periodo comprendido durante los años 2019, 2020, 2021, el acusado Miguel de Los Ángeles Mora Barberena ha propuesto y gestionado sanciones económicas, comerciales y de operaciones financieras en contra del Estado de Nicaragua, sus instituciones y ciudadanos; asimismo, al incitado a la injerencia extranjera en los asuntos internos, a la desestabilización del país con financiamiento extranjero y acciones para afectar al Estado», señala la sentencia.
El documento indica que le fue levantado el sigilo bancario al preso político, revisaron sus movimientos migratorios desde el 30 de noviembre 2005 al 20 de junio de 2021 donde registraron «salidas hacia Estados Unidos; registraron sus equipos electrónicos como computadoras, celulares y memorias USB; y usaron como «prueba documental» el certificado de inscripción de dos propiedades del acusado: una finca propiedad de Mora y otro inmueble en Masaya que comparte con su esposa Verónica Chávez.
Las «pruebas» de la Fiscalía
El Ministerio Público representó al Estado de Nicaragua con los fiscales Carlos Rafael Espinoza Castillo y asistido por Jorge Luis Áreas Jarquín. Se ofreció como pruebas una entrevista al acusado que hizo el periodista Max Blumenthal del portal propagandístico «The Grayzone», adepto al régimen de Daniel Ortega. En el video, el preso político analiza la situación de Nicaragua, las posibles soluciones a la crisis y no descarta un «golpe de Estado de Estados Unidos… tipo (Manuel Antonio) Noriega».
Otras de las pruebas son una serie de cinco tuits que, según la Fiscalía, eran con la finalidad de «incitar a la injerencia extranjera». El primer tuit se trata de un agradecimiento de Mora al secretario general de la OEA, Luis Almagro, por el ataque que sufrió Verónica Chávez, esposa del preso político, al salir de una reunión en Masaya en octubre de 2022.
Las otras cuatro publicaciones en Twitter se refieren a sanciones que Mora informaba en sus redes sociales como una publicación 100% Noticias del 28 de abril de 2021, sobre las sanciones de Reino Unido a Francisco López, tesorero del FSLN.
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Otro enlace del mismo medio de comunicación fue usado como prueba en el juicio. «En fecha 4 de junio del año 2021, mediante la plataforma digital Twitter, el acusado Miguel de los Ángeles Mora Barberena, con la finalidad de incitar a la injerencia extranjera, compartió una publicación al 100% Noticias y comentó lo siguiente: “EE. UU. prepara sanciones contra el régimen de ortega por el arresto de Chamorro”», se lee en la sentencia.
Los policías «testigos»
La subcomisionada Belkin Yaoska Trujillo fue la primera en testificar contra Miguel Mora y para avalar su testimonio presentó su currículum donde señala que lleva «19 años de ser policía y tiene posgrados fuera del país y dentro de Nicaragua». Además, ostenta el cargo de jefa de investigación de homicidio desde hace ocho años. Ella fue la encargada de supervisar las «investigaciones y allanamiento» del domicilio del aspirante presidencial desde las 10:30 p.m. del 20 de junio a la 1:10 am del 21 de junio de 2021. Su testimonio se basó en identificar los equipos ocupados al acusado.
La oficial fue parte de la pareja de investigadores en el caso de la Masacre del 19 de julio de 2014, según el oficialista 19 Digital «relataron los momentos de detención de cada uno de los implicados y detallaron los informes en los que se relacionan todos los elementos probatorios, obtenidos a partir de entrevistas y peritajes, con cada uno de los acusados por la masacre». Un reporte de Confidencial, sobre el caso en el que trabajó la testigo, destaca que Trujillo «se aventuró a asegurar que “no existe autor intelectual: lo decidieron entre todos de manera conjunta”. Ni un solo argumento para probar su aseveración».
Después declaró el teniente Pablo José Moncada Ñurinda, un detective e investigador de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) con cinco años en el cargo y miembro del Departamento de Trata de Personas con cursos de investigación de recolección de evidencias. Además, dice, tiene cursos de narcotráfico en Rusia. Moncada se encargó de detener a Miguel Mora a las 11:30 p.m. una hora después que inició el allanamiento, según la misma sentencia judicial.
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Otro de los testigos de la Fiscalía fue el suboficial Jefferson Antonio Calero. Fue encargado del informe de inspección ocular de la «escena del crimen». Su testimonio se basó en una fijación fotográfica de 29 imágenes que registran de manera visual las características de la vivienda de Miguel Mora.
El último testigo fue el inspector Xavier Alberto Corea Martínez, un «perito informático», director del Departamento de la División Informática de la DAJ desde hace cinco años. Según su testimonio ha recibido cursos de delitos cibernéticos por la Interpol y el encargado de realizar un «informe pericial de redes» con cinco tuits que supuestamente inculparon al periodista.
Corea Martínez también fue testigo en el juicio contra el diputado del Parlamento Centroamericano Francisco Sarria en 2020, señalado de crimen organizado, ser parte de una estructura del narcotráfico y la decapitación de una persona.
Aunque la judicial que declaró culpable a Mora asegura que se garantizó el derecho a la defensa, lo cierto es que no se permitió la comunicación entre el preso político y su abogado defensor. Las únicas pruebas que aceptó la jueza Nadia Camila Tardencilla fueron las ofrecidas por el Ministerio Público.
«Yo soy inocente, ese fallo no está apegado a derecho, todavía no sé de qué se me está acusando. ¿En qué sistema jurídico democrático no se da el legítimo derecho a la defensa?, que cambiaran la acusación y la calificación. Ponga la pena que usted quiera», respondió el preso político Miguel Mora en el debate de pena en su contra este miércoles, nueve de febrero.
