El Gobierno de Nicaragua, que preside el sandinista Daniel Ortega, se ha transformado en un «Estado policial de facto» y ha suprimido «todas las libertades», alertó este lunes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«La concentración del poder por el Ejecutivo ha facilitado que Nicaragua se transforme en un Estado policial de facto, donde el Gobierno tiene instalado un régimen de supresión de todas las libertades mediante un control y vigilancia de la ciudadanía», dijo la coordinadora del Mecanismo Especializado de Seguimiento a Nicaragua (Meseni) de la CIDH, Fiorella Melzi.
También aplica «la represión a través de instituciones de seguridad estatales y paraestatales, avalados por los demás poderes del Estado», denunció.
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Melzi, una abogada peruana especialista en derechos humanos, hizo esa valoración durante un conversatorio denominado «Nicaragua: retrato de la captura institucional en las Américas», en el marco de la Cumbre por la Democracia, convocada por el presidente estadounidense, Joseph Biden, que se celebrará de manera virtual el 9 y 10 de diciembre próximos.
ORTEGA GOBIERNA SIN CONTRAPESOS
Melzi anotó que en Nicaragua no existe un sistema de pesos y contrapesos, «puesto que todas las instituciones responden a las decisiones del Ejecutivo» de Ortega, cuya concentración de todo el poder político ha debilitado el Estado de Derecho y provocado un “progresivo deterioro en materia de derechos humanos”.
“La CIDH ha manifestado su preocupación por el cierre de espacios democráticos, suspensión de libertades, afectaciones a la libertad de expresión, en un país donde la mayoría de los medios de comunicación pertenecen a personas allegadas al Gobierno”, indicó.
Según el Meseni, el Ejecutivo sandinista intensificó “la represión” previo a las elecciones generales del siete de noviembre pasado, en las que se impuso Ortega, con sus principales contendientes en prisión.
“No hay límites para el ejercicio del poder” en Nicaragua, sostuvo la especialista, quien criticó que el Gobierno mantiene una narrativa de negar “la violación de los derechos humanos” en el país.
DENUNCIAN INCREMENTO DE LA “REPRESIÓN”
Por su lado, la coordinadora del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Wendy Flores, coincidió en que el país “se mantiene un estado policiaco” y “sin resolver una grave crisis sociopolítica y de derechos humanos desde abril de 2018”.
Aseguró que “la dictadura” de Ortega ha incrementado la represión con más detenciones de opositores, activistas y periodistas, impedido la salida al país a sus adversarios e incluso a sandinistas, y ordenado “restricciones migratorias abusivas” sin avisar previamente al afectado.
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También han quitado pasaportes a los que desean salir del país, congelado cuentas bancarias, y mantiene las amenazas y hostigamiento contra opositores.
“Todas estas acciones represivas y de cierres de los espacios democráticos han provocado el desplazamiento forzado de más de 140.000 personas que se han visto obligadas a buscar protección internacional y abandonar el país para resguardar su vida, su libertad, su integridad personal”, afirmó.
Flores pidió a los países tener “la situación de Nicaragua como una alta prioridad en sus políticas de Estado, incluyendo el desconocimiento del Gobierno por carecer de legitimidad”.
El conversatorio virtual fue organizado por American Jewish World Service, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
En el evento participó el congresista estadounidense Albio Sires, presidente del subcomité de Hemisferio Occidental, Seguridad Civil, Migración y Política Económica Internacional de la Cámara Baja.
