El Consejo Supremo Electoral (CSE), al servicio de la pareja presidencial, anunció su respaldo a la solicitud de abandonar la Organización de Estados Americanos (OEA).
El Consejo es el tercer Poder del Estado que apoya la propuesta de sacar a Nicaragua del organismo por considerarlo «injerencista y subordinado a los Estados Unidos».
Los magistrados sandinistas publicaron el acuerdo de respaldo, luego que los Estados miembros desconocieron los resultados de las votaciones en Nicaragua y quedara en evidencia que Daniel Ortega no cuenta con ningún voto a favor en la OEA.
El recién nombrado viceministro de Hacienda y Crédito Público, Bruno Gallardo, resultó ser el principal accionista de la empresa Cobranzas Globales 2001 S.A, quien, «sin hacer nada», cobró un millonario cheque del quebrado banco Interbank en el año 2001, según una investigación periodística del extinto El Nuevo Diario.
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El sonado caso de saqueo sandinista fue protagonizado por los millonarios hermanos Centeno Roque y un grupo de directivos de ese banco, vinculado a dirigentes del FSLN.
«Lo peor, y lo más escandaloso del caso, es que los Centeno llegaban solitos a tratar de componer su situación, efectuar arreglos y entregar bienes en dación de pago, sin que eso haya tenido absolutamente nada que ver con la presunta empresa cobradora».
De esta manera, el nuevo viceministro habría embolsado más de 21 millones 500 mil córdobas «a cambio de nada», a través de su compañía creada pocos meses después que el banco fuera intervenido en ese entonces.
La Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) denunció que los líderes estudiantiles y presos políticos, Lesther Alemán y Max Jerez, no están recibiendo completos los alimentos y artículos de higiene que les envían sus familiares.
Continúan siendo sometidos a constantes interrogatorios y no se les permite reunirse con sus abogados, ni hablar con los demás presos. Los jóvenes llevan 136 días encarcelados y, desde entonces, solo les han permitido tres visitas familiares.
15 organizaciones defensoras de Derechos Humanos y víctimas y familiares de las víctimas de la represión gubernamental en Nicaragua presentaron un Informe de la Verdad que documenta las graves violaciones a los derechos humanos perpetrados en el país desde las protestas sociales de 2018.
El informe denuncia que, tres años después, aún existe impunidad y «en Nicaragua se cometen crímenes de lesa humanidad en el marco de un terrorismo de Estado y de un Estado Policial de Excepción».
Asamblea de Nicaragua solicita a Daniel Ortega que abandone la OEA.
Se trata de un informe histórico que contó con la participación de organizaciones como Acción Penal, Articulación de Movimientos Sociales, Cenidh, la Unión de Presos y Presas Políticos, y Nicaragüenses en el Mundo.
Decenas de dirigentes opositores que se encuentran en prisión acusados de «traición a la patria» decidieron hacer un ayuno como un sacrificio de fe para lograr su libertad.
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Sus familiares y organizaciones a las que pertenecen informaron que, debido a las «frágiles» condiciones en que se encuentran, los presos políticos de «El Nuevo Chipote», ayunaron desde las 08:00 de la mañana a la 1:00 de la tarde, lo que no se limitó a abstenerse de ingerir alimentos, sino que podía referirse a no hacer cosas que normalmente harían.
Los familiares también denunciaron las torturas y «condiciones inhumanas» en las que se encuentran sus parientes a más de cinco meses de su detención. Demandan que se les permita el ingreso de frazadas y ropa de frío, biblias, visitas más recurrentes, así como el cese de las torturas y su libertad.
La paranoia de Daniel Ortega habría provocado que el régimen imponga un cerco de hierro en contra de sus propios funcionarios, a quienes se les estaría aplicando una restricción migratoria de facto para evitar que vayan a otros países a revelar información susceptible para el régimen.
Una fuente anónima del Ministerio de Gobernación y del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) reveló al portal Divergentes que uno de los empresarios a quienes les fue bloqueada la salida del país es Álvaro Baltodano Monroy, hijo del general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, delegado presidencial para las Inversiones.
El segundo empresario es Leonardo Torres, presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme) y frenético defensor del gobierno sandinista. Divergentes también informó de la restricción de salida contra una hija del exjefe del Ejército, general en retiro Javier Carrión McDonough.