Las sanciones del Departamento del Tesoro a funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, vinculados al sector energético, podrían afectar la construcción de una planta generadora de gas natural en Puerto Sandino, en el departamento de León, al occidente de Nicaragua.
La empresa de capital estadounidense New Fortress Energy, encargada de la construcción de la planta, valorada en unos 700 millones de dólares, dice estar seguro de los riesgos que acarrea la relación con los funcionarios norteamericanos por la restricción que trae la designación de los servidores públicos nicaragüenses.
«Nicaragua ha experimentado recientemente desafíos políticos y económicos. En concreto, en 2018, se aprobó una legislación estadounidense para restringir la ayuda de dicho país a Nicaragua. En 2018, 2019 y 2020, las autoridades gubernamentales estadounidenses y europeas impusieron una serie de sanciones contra entidades e individuos asociados con el gobierno de Nicaragua y Venezuela», explica New Fortress ante la Comisión de Valores de Estados Unidos.
La compañía señaló que si sus contrapartes son objeto de sanciones podrían «enfrentar una serie de problemas». Advirtió que la principal consecuencia sería suspender el desarrollo u operaciones de forma temporal o permanente. «No poder recuperar el tiempo y el capital invertidos anteriormente o ser objeto de demandas, investigaciones o procedimientos reglamentarios cuya respuesta podría ser larga y costosa y que podría dar lugar a multas o sanciones penales o civiles», afirmó.
New Frotress agregó que «existe el riesgo de disturbios civiles, huelgas o disturbios políticos en Nicaragua, y no se puede predecir el resultado de tales disturbios». La construcción de la planta de gas natural tenía un avance del 85 % a inicios de octubre, según el oficialista 19 Digital y se esperaba la continuidad de operaciones desde finales de octubre.
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Salvador Mansell, ministro de Energía y Minas (MEM); José Castañeda, presidente del Instituto Nicaragüense de Energía (INE); y Rodolfo Gutiérrez, Director Gerente de la distribuidora eléctrica Disnorte-Dissur, fueron sancionados el 15 de noviembre por la administración de Joe Biden.
Otros efectos de las sanciones
La dictadura Ortega-Murillo nombró viceministro de Hacienda ayer, 17 de noviembre, a Bruno Gallardo Pallavicine a través de un decreto presidencial publicado en el diario oficial La Gaceta. La decisión del régimen se dio dos días después que Estados Unidos inhabilitara financieramente al titular de esa cartera Iván Acosta y más recientemente a José Adrián Chavarría Montenegro, quien ocupaba el viceministerio de esa entidad.
Gallardo cobró un millonario cheque del extinto banco Interbank en 2001. El sonado caso de saqueo sandinista incluyó a Gallardo, quien era el principal accionista de la empresa Cobranzas Globales 2001 S.A., una compañía creada el seis de noviembre del 2000, tres meses después que el banco fuera intervenido en aquella época, según una investigación periodística del extinto El Nuevo Diario.