El Consejo Supremo Electoral (CSE), al servicio de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, es la tercera institución estatal que ampara el discurso de «injerencia extranjera», en apoyo a la reciente resolución de la Asamblea Nacional en la que acusan a la Organización de los Estados Americanos (OEA) de ser «intervencionista e injerencista» y de estar «subordinada a los Estados Unidos».
La resolución del Poder Legislativo se dio luego que el organismo internacional rechazara las elecciones realizadas en Nicaragua del siete de noviembre, las que tildó de «ilegítimas».
Noticia relacionada: Asamblea de Nicaragua solicita a Daniel Ortega que abandone la OEA
Los magistrados orteguistas defienden sus comicios. Aseguran que solo a ellos les corresponde de «forma exclusiva la organización, dirección y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y referendos»; por lo tanto, reprochan a la OEA referirse a ese proceso.
El Poder Electoral, por medio de un acuerdo, respalda la declaración de la Asamblea Nacional y se muestra a favor de que se denuncie la Carta de la OEA, teniendo como resultado la salida de Nicaragua del organismo internacional.
El documento indica que el CSE acuerda «respaldar y adherir la resolución AN 05-2021 dictada por el Poder Legislativo». La institución estatal con el mismo guion repetitivo, señala que los miembros del organismo «pretenden constantemente menoscabar nuestra condición de Estado soberano e independiente».
Por su parte, la Asamblea insta al dictador Ortega a que inicie el proceso para abandonar el organismo regional según lo establecido en el artículo 143 de la Carta de la OEA pues consideran que la resolución es «irrespetuosa, ilegítima y absolutamente ignorante de los principios que motivaron la fundación de este organismo internacional».
Noticia relacionada: Corte Suprema de Justicia secunda llamado a Daniel Ortega a avanzar hacia la salida de la OEA
El Consejo Supremo Electoral, dirigido por Brenda Rocha, se suma al Poder Legislativo y a la Corte Suprema de Justicia y hace su propia la solicitud al presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra, «en su condición de jefe de Estado y jefe de Gobierno para que denuncie la Carta de la Organización de los Estados Americanos».
Este proceso de salida no sería tan sencillo, pues el Estado de Nicaragua podrá abandonar el organismo hasta después de dos años y en todo caso las consecuencias para el país serían muy graves. El régimen de Daniel Ortega estaría fuera de la organización, pero esto no significa que la nación evadiría sus obligaciones.
Además, esto traería como consecuencia aislar aún más a Nicaragua del plano internacional lo que perjudicaría de gran manera al país en cuanto a su economía ya que esto no mostraría estabilidad en el país y tampoco permitiría más acuerdos con otras de las naciones americanas.
Luego de la reelección de Daniel Ortega, la comunidad internacional se ha unido en rechazo a esos comicios, principalmente la OEA que con 25 votos a favor aprobó una resolución que declara ilegítimas las elecciones en el país y pide al régimen nuevas acciones verdaderamente democráticas. Esto seguido de una cadena de sanciones aplicadas por Estados Unidos, Canadá y Reino Unido en contra de la dictadura y sus allegados.