La Policía, al servicio del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se pronunció por primera vez acerca del nuevo ataque que colonos realizaron el cuatro de octubre, en las comunidades indígenas mayangnas, en el cerro Kimakwas, territorio Sauni As y que dejó como resultado el asesinato del indígena Martiniano Julián Macario Samuel, originario de la comunidad de Wilu, ubicada en la zona núcleo, de la reserva de biosfera Bosawas.
Pese a que también se denunció la desaparición de tres personas, la institución policial no hizo referencia en su nota de prensa número 283-2021. Solamente se refirió al asesinato de Macario, aduciendo que, según testigos, la privación de la vida fue «motivada por rencillas», anulando así la denuncia de indigeneas que señalan nueva invasión de colonos.
«Testigos entrevistados refieren que dos sujetos desconocidos, motivados por rencillas personales y apropiarse por la fuerza de puntos de güirisería, ubicado en el cerro Kimakwas agredieron con armas de fuego y armas cortopunzantes (machete) a Martiniano Julián Macario Samuel, causándole la muerte. Delincuentes se dieron a la fuga», refiere la Policía.
Además indica que el cuerpo de la victima fue examinado por un médico forense, quien determinó que la causa de la muerte fue Shock hipovolémico por heridas causadas por impactos de bala.
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La Policía prometió que seguirá con las investigaciones «de este hecho criminal, búsqueda y captura de los delincuentes, para remitirlos a la orden de las autoridades competentes».
Por su parte, el ambientalista Amaru Ruiz señaló a través de su cuenta de Twitter que «la imagen del cuerpo indígena Mayangna de Martiniano Macario tiene muestras de tortura en su cuello, lo que implica un nivel de saña en su asesinato».
Denuncias sin ser escuchadas
El Centro de Asistencia Legal de los Pueblos Indígenas (CALPI) denunció recientemente que «un grupo de colonos armados perpetraron otro ataque a tan solo 41 días del masacre del día 23 de agosto (…). ¡Basta de silencio! Unamos nuestras voces y acciones por el desmantelamiento de las bandas criminales que operan en los territorios indígenas así como la implementación del saneamiento inmediato de los territorios».
Los lugareños han denunciado que las organizaciones Nación Mayangna y los Gobiernos Territoriales Indígenas (GTI) responden a los intereses del régimen de Ortega y no a la verdadera defensa de los derechos humanos en la zona, por lo tanto, se sienten desprotegidos ante los ataques de los invasores.
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Sin embargo, tras el reciente ataque, el Gobierno Territorial Mayagna Sauni As al fin rompió el silencio ante los acontecimientos y denunció la «usurpación, invasión, constantes amenazas y violación a los derechos humanos».
Solicitan a la comunidad internacional pronunciarse y hacer un llamado a las autoridades de Nicaragua para que su petición sea «atendida con prontitud, demandamos acciones reales, así como garantías de no repetición de los asesinatos e invasiones en nuestros territorios sagrados», destacan en el documento.
Los ataques a las comunidades indígenas son constante y el silencio por parte de la dictadura de Daniel Ortega persiste. A vísperas de las elecciones presidenciales del siete de noviembre, el régimen no da promesa de frenar la delincuencia en estos territorios, mas bien persiste la represión en otras zonas del país.