La organización internacional Crisis Group indicó que las próximas elecciones presidenciales, a celebrarse este siete de noviembre, son «un potencial foco de tensión», debido a que el gobierno podría aumentar los episodios de violencia política en el país.
«A principios de 2021, casi tres años después de que las fuerzas de seguridad nicaragüenses respondieran a las protestas masivas con violencia, Ortega parecía haber consolidado su control del poder a pesar de la pandemia y reafirmado su supremacía política sobre una oposición débil y fragmentada. Aun así, el gobierno ha demostrado no estar dispuesto a asumir el riesgo de enfrentarse a un desafío electoral, optando en cambio por la mano dura» planteó Crisis Group, a un mes de los comicios en Nicaragua.
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Añadió que «en los últimos meses, la represión estatal en Nicaragua ha alcanzado niveles que no se veían en América Latina desde el final de las dictaduras de la región en la década de 1980, con la detención de al menos 37 opositores de alto nivel, incluidos siete aspirantes presidenciales, y obligando a muchos otros a exiliarse».
Las acciones de represión, hostigamiento y encarcelamiento a opositores de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo «han vuelto a poner a Nicaragua en el centro de la atención internacional y en el radar de la Unión Europea, pero hasta ahora las potencias externas no han concebido una respuesta concertada capaz de influir» en la pareja presidencial. La plataforma política sostuvo que «tampoco es probable que lo logren».
Daniel Ortega sin competencia electoral
Todo señala, hasta el momento, que Ortega, junto a su cónyuge, ganará una «elección amañada, generando las condiciones propicias para que se incremente la inestabilidad, la crisis humanitaria y la migración, y sentando un peligroso precedente en una región que está experimentando un giro hacia un mayor autoritarismo».
La oposición se encuentra en completo caos, debido al encarcelamiento de «políticos, líderes empresariales, sandinistas disidentes y periodistas». Crisis Group expresó que «la mayoría de los líderes opositores están en la cárcel o en el exilio, mientras que los cinco candidatos restantes que se presentarán contra Ortega en noviembre provienen de partidos que la mayoría de las fuerzas de oposición consideran son colaboradores del gobierno».
Por su parte «las luchas internas entre los dos principales bloques de la oposición, encabezados por la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco, obstaculizaron los esfuerzos por crear un frente político cohesionado que pudiera hacer frente al gobierno».
El dictador Daniel Ortega, haciendo uso de su poder en la Asamblea Nacional, entre el año 2020 y 2021, ejecutó una serie de medidas para asegurar el control total de su gobierno. Los súbditos diputados de la bancada sandinista aprobaron leyes con relación a agentes extranjeros, ciberdelitos y traición a la patria.También extendió el período de detención preventiva de 48 horas a 90 días. A medida que avanzaba el 2021, designó nuevos magistrados partidarios del gobierno al Consejo Supremo Electoral.
Observadores internacionales manifestaron que la nuevas leyes fabricadas por la bancada sandinista, «serían poco más que amenaza latente»; sin embargo a partir de mayo 2021, «las autoridades judiciales procedieron a ordenar la detención de 37 figuras prominentes de la oposición, incluidos siete posibles candidatos presidenciales, por cargos de conspiración y traición, mientras que el Consejo Supremo Electoral despojó a tres partidos de su personería jurídica y la Asamblea Nacional hizo lo mismo con 45 organizaciones de la sociedad civil, incluidas seis ONG internacionales» sostuvo Crisis Group.
La organización internacional agregó que «el gobierno también ha arremetido contra la libertad de prensa; asociaciones de prensa han informado en privado de ataques contra al menos 98 reporteros en el primer semestre, incluidas 35 mujeres que también fueron víctimas de amenazas y acoso por motivos de género».
¿Que puede pasar si Ortega vuelve a ganar las elecciones?
Crisis Group señaló que si Ortega gana las elecciones con «mañas» la combinación de estrés económico y persecución política puede provocar la salida de más nicaragüenses; debido a que Nicaragua se terminaría aislando aún más, alejando a la inversión privada y obstaculizando el acceso de Managua a préstamos multilaterales.
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Por otra parte, la plataforma política afirmó que «los eventos en Nicaragua podrían tener una repercusión más allá de sus fronteras. Otros líderes políticos en Centroamérica pueden sentirse alentados a seguir los pasos de Ortega, particularmente si EE. UU. da prioridad a la cooperación en el control migratorio y antinarcóticos e impone pocos costos por el retroceso democrático».
La entidad internacional enumeró los siguientes casos que han surgido en Centroamérica y pueden igualar a Ortega:
-En El Salvador, el presidente Nayib Bukele ya ha estado concentrando el poder y socavando la independencia judicial del país; entre otras, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña (recientemente repleta de aliados políticos del presidente) revocó la prohibición constitucional que le impedía a los presidentes postularse a una reelección inmediata al finalizar su mandato.
-En Honduras, los ciudadanos también acudirán a las urnas pocas semanas después de las elecciones nicaragüenses para elegir al sucesor del presidente Juan Orlando Hernández, quien ha sido citado en varias ocasiones como co-conspirador en juicios por narcotráfico en las cortes de Nueva York, incluido uno que involucra a su hermano, condenado a cadena perpetua en marzo. Aunque no se puede postular nuevamente y ha descartado públicamente hacerlo, los analistas hondureños temen que Hernández interfiera en las elecciones presidenciales, ya sea para imponer a su candidato preferido, Nasry Asfura, o para mantener el control de las instituciones estatales y judiciales.
La influencia de actores externos
El grupo político aseguró que «en este contexto, la Unión Europea y sus Estados miembros, junto con otros actores externos con influencia en Managua, deben intensificar su involucramiento con Nicaragua. Si bien hay poco o nada que los actores externos pueden hacer para cambiar la estrategia electoral actual de Ortega, mantenerse al margen tampoco es una buena opción».
Agregó que «Bruselas y los Estados miembros de la UE deben trabajar con EE. UU. y los socios regionales para priorizar las exigencias que harán antes de las elecciones. Deben continuar pidiéndole a Ortega que pare la represión contra la disidencia política, libere a los presos políticos, y permita el monitoreo de las elecciones por parte de periodistas nacionales y extranjeros; y organizaciones de la sociedad civil».
Crisis Group consideró que el imponer más sanciones al grupo cercano de Daniel Ortega, podría alimentar su ira y aumentar los ataques a la oposición en lugar de aplacarlos. La organización internacional propuso que «una vez que se hayan llevado a cabo las elecciones y él (Daniel Ortega) haya logrado sus objetivos, es probable que los cálculos del presidente sean diferentes y que las herramientas de presión resulten más útiles».
Mientras tanto, la UE debe trabajar con EE. UU. y otros para preparar una respuesta firme y coordinada si las elecciones (como es probable) no cumplen con los mínimos estándares internacionales. Por consiguiente, el grupo político planteó que «esa respuesta debe incluir la ampliación del marco para la imposición de sanciones existente introducir medidas específicas contra personas, empresas e instituciones que contribuyeron significativamente a la represión relacionada con las elecciones».
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«Al mismo tiempo, la UE, EE. UU. y los países de la OEA deben elaborar una hoja de ruta sobre cómo Ortega puede revitalizar las relaciones diplomáticas en declive, incluida una eventual reintegración al sistema interamericano (en caso de que Nicaragua sea suspendida) y el levantamiento de sanciones» indicó Crisis Group.
La organización internacional sugirió a los opositores que «en cuanto a futuras negociaciones entre el gobierno y la oposición, estas deben tener como objetivo no solo enfrentar la emergencia humanitaria del país y lograr reformas electorales, sino también forjar un acuerdo de convivencia política que les permita a las dos partes comenzar a superar su enemistad».