El régimen de Daniel Ortega eliminará las personalidades jurídicas a otras 15 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que operan programas sociales en el país y que están registradas ante el Ministerio de Gobernación. Así lo solicitó el diputado Filiberto Rodríguez, vicepresidente de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional a la Primera Secretaria de la Junta Directiva del Parlamento, Loria Dixon.
Las 15 ONG que estarían siendo desmanteladas son: El Instituto Nicaragüense de Investigación y Educación Popular (INIEP), Asociación Soya de Nicaragua (SOYNICA), Acción Médica Cristiana (AMC), Asociación Colectivo de Mujeres de Matagalpa, Asociación Instituto Centroamericano de Integración Social (ICIS), Asociación Centro de Estudios para la Gobernabilidad y Democracia (CEGODEM), Federación de Organismos No Gubernamentales de Nicaragua (ONG-Nicaragua), Fundación Diakonia Nicaragua, Fundación Entre Volcanes, Fundación Médicas Nicaragüenses Doctora Concepción Palacios (FUMEDNIC), Fundación Mejía Godoy, Fundación Xochiquetzal, Asociación Instituto de Investigación y Gestión Social (INGES), Asociación de Mujeres de Jalapa Contra la Violencia (Oyanka-Jalapa) y Federación Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local (RED-Local).
Según el proyecto de decreto legislativo de cancelación de personalidades jurídicas de estas organizaciones, el Ministerio de Gobernación habría remitido un informe en el que determina que las entidades tienen vencidas sus Juntas Directivas; no presentan los estados financieros entre el 2006 y el 2020; no han presentado los convenios con donantes ni sus fuentes de financiamiento, cartera de proyectos y el impacto social de los mismos; no han presentado las identidades de sus proveedores de fondos ni los soportes de los ingresos, entre otros argumentos.
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Además, el régimen acusa a las ONG que van rumbo al desmantelamiento que con todas estas «omisiones e incumplimientos han venido obstaculizando el proceso de supervisión, control y vigilancia que para tal efecto realiza el Ministerio de Gobernación».
Además, el diputado Rodríguez acusa a las organizaciones de «violar la Ley Contra el Lavado de Activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva», según se lee en el reporte que pasa a la Secretaría parlamentaria para aniquilarlas.
Antes de estas 15 ONG, la dictadura había eliminado las personalidades jurídicas a seis organizaciones internacionales, entre europeas y estadounidenses, las que corresponden a los nombres de National Democratic Institute for International Affairs (NDI), International Republican Institute (IRI) y Helping Handh The Warren Williams Pagel Foundation, originarias de Estados Unidos; Fundación Oxfam Intermón, de España; Ofam Ibis, de Dinamarca y Diakonia, originaria de Suecia.
Semanas antes también habían decapitado a otras 24 asociaciones, entre ellas 15 organizaciones médicas, vinculadas a galenos críticos al mal manejo de la pandemia del COVID-19 por parte de las autoridades del Ministerio de Salud. A todas estas organizaciones las han aniquilado con los mismos argumentos que presenta ahora el diputado Rodríguez, aunque los directivos de esas entidades no lucrativas aseguran que desde hace tres años el Ministerio de Gobernación dejó de recibirles los documentos que por obligación debían presentar anualmente y por tanto, tampoco les entregan las respectivas certificaciones de cumplimiento, lo que indica que en realidad el régimen iba acumulando esa falta de rendición de cuentas para poder disolverlas.
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Las primeras ONG que fueron desmanteladas por el régimen de Ortega a finales del 2018 eran las que tenían mayor visibilidad y que estaban ejerciendo trabajos de defensa de derechos humanos, apoyo a víctimas de la represión, investigación y análisis presupuestario, y denuncia por la depredación ambiental.
Entre las que fueron aniquiladas en ese entonces figuran el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el Centro de Información y Asesoría en Salud (CISAS), el Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO), la Fundación Popol Na, la Fundación del Río, el Centro de Liderazgo de Las Segovias, el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (IPADE), el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), entre otras. Todas estas fueron acusadas de «golpistas» y de «financiamiento al terrorismo».
Hay que iniciar una campaña, Articulo 66, podría iniciarla, para llamar a todo lo que huela a orteguismo-sandinisno como Neo-Somocista. Por ejemplo Policia Orteguista Neo-Somocista o Ejército Sandinista Neo-Somocista, para poner dos ejemplos. Creo que está definición los describe e identifica mejor.