El portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para los derechos humanos, Rupert Colville, emitió un aviso a los medios de comunicación en el que manifestó extrema preocupación por el allanamiento que realizaron policías y miembros del Ministerio de Gobernación el siete de febrero, en el edificio donde opera la Red Nicaragüense para la Democracia y el Desarrollo (Red Local).
«Estamos extremadamente preocupados porque el jueves, agentes del Ministerio del Interior de Nicaragua realizaron una redada, supuestamente sin una orden judicial y como lo exige la ley, en las oficinas de la Red Local, que es una coalición integrada por 22 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en todo el país».
Durante dicha redada los agentes del Ministerio de Gobernación se llevaron documentación de esta organización, la caja fuerte, un vehículo y a dos miembros administrativos que fueron sometidos a largos interrogatorios y fueron puestos en libertad varias horas después.
El portavoz de Naciones Unidas expresó que este asalto se produce solo «seis días después de que un grupo de representantes de la sociedad nicaragüense, incluidos algunos miembros de la Red Local, se reunieran con la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en Ginebra».
En dicha reunión estuvo el representante legal de la Red Local, Amaru Ruiz, quien además es parte de la Fundación del Río, ONG que forma parte de la Red Local, y que en noviembre de 2018 le fue arrebatada su personalidad jurídica junto a otras ocho organizaciones de la sociedad civil.
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«Nuevamente el gobierno de Nicaragua está en contra de las organizaciones de sociedad civil, esta vez intervino en la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local, tienen detenido a nuestra administradora Reginella López y a nuestro contador Eduardo Maya, ambos están en el Ministerio de Gobernación, siendo interrogados», dijo Amaru Ruiz, nada más saber del allanamiento a la organización que representa legalmente.
En la reunión con la Alta Comisionada de la ONU también estuvo la abogada ambientalista, Mónica López Baltodano, representante de la Fundación Popol Na, organización a la que también le fue quitada la personalidad jurídica.
«Tanto Red Local como Popol Na y Fundación del Río integramos el grupo Cocibolca, que durante más de cinco años hemos denunciado la concesión canalera y hemos estado junto al Movimiento Campesino. Igualmente somos las organizaciones que denunciamos desde el Grupo Cocibolca la ineptitud del régimen ante el incendio de Indio Maíz», aseguró López.
Rupert Colville, finalizó instando a las «autoridades a que permitan que la sociedad civil trabaje libremente y continúe su cooperación con las instituciones y los mecanismos de las Naciones Unidas sin sufrir represalias», y agregó que «el acoso a las organizaciones de la sociedad civil constituye una violación de los derechos humanos a la libertad de opinión y expresión, reunión pacífica y asociación».
